- Se habrá de aprobar este mismo martes por el pleno
Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron con 22 votos en pro, uno en contra y 8 abstenciones las leyes secundarias de la reforma energética de 2024.
Se trata de la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Ley de Planeación y Transición Energética, de la Ley del Sector Eléctrico, de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Comisión Nacional de Energía.
Además, se armonizan otras cinco leyes, estableciendo las bases para un sector energético fuerte, confiable y sustentable, centrado en la soberanía nacional y la justicia social.
Estas reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, son una una reversión de la reforma de 2013, cuando se buscó privatizar a Pemex y la CFE.
Las bancadas fijaron postura.
La morenista, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía, defendió estas modificaciones.
“El asunto que hoy nos ocupa es trascendental para nuestra nación. El sector energético y nuestra soberanía hoy son una realidad, por ello la Cuarta Transformación implementó una política de rescate de Pemex y la CFE, para recuperar la potestad del Estado sobre el petróleo y la electricidad.
“Con esta política se frenó la privatización y se fortaleció a ambas industrias. Hoy siguen siendo patrimonio del pueblo de México. (…) Son visibles los resultados de nuestra política energética, ya que los precios del gas, las gasolinas y la luz se han mantenido sin incrementos, subrayo en términos reales”, aseguró.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como se establece en estas leyes, se viola el T-MEC.
“Teníamos dos reguladores independientes, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eliminan otra vez por su adicción por el control los dos reguladores independientes, crean un nuevo órgano, la CNE que está complemente controlado por la Secretaría de Energía. (…) Ahora, más allá de la cuestión ideológica, el problema es que esto viola el Tratado de Libre Comercio.
“Están viendo que el niño es risueño y le hacen cosquillas, sí de por si Trump es un bullying, que viola un día si y un dia no el Tratado de Libre Comercio, y ustedes al desaparecer estos dos órganos reguladores que hoy son independientes, están violando el T-MEC, aunque digan que no, están violando el T-MEC, y esto al tiempo, lo van a denunciar en los panales y nos va a traer problemas adicionales”, advirtió.
Claudia Anaya, senadora del PRI, afirmó que estas reformas conservan el “corazón” de la reforma que en 2013 impulsó el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
“El corazón de la reforma energética de 2013 prevalece, persiste, pues es la inversión privada. ¿Están cancelando la inversión privada? No, compañeras, no compañeros. (…) Pero, cambia, cambia el modelo de negocios, ¿para perjudicar al empresario?, no compañeros. Yo les podría ahora decir a ustedes entreguistas, vendepatrias, ¿por qué razón?, porque amplían la ganancia para el inversor privado.
“(…) Anteriormente, si querías invertir en Pemex tenías que pagar por lo menos un 50 por ciento de impuesto, ahora se bajan al 30 y aun 12 por ciento si es para el gas. (…) ¿Quiénes son pues los entreguistas, vendepatrias? El modelo de negocios cambia, pero para beneficiar a los empresarios”, señaló.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que estas leyes no brindan garantías para evitar la corrupción, fortalecer la transparencia y acabar con la impunidad, principalmente, en Pemex.
“Nosotros creemos que regular la industria energética es necesario, pero no a costa de hipotecar el futuro de las y los mexicanos. México merece un sistema energético bien diseñado, económicamente competitivo, capaz de proveer la demanda eléctrica necesaria, sí pero a través de energías limpias, baratas, accesibles para las y los mexicanos, con transparencias, rendición de cuentas y mecanismos anticorrupción”, dijo.
Estas modificaciones secundarias permitirán retomar la planeación estatal con instrumentos vinculantes a mediano y largo plazo.
Además, por primera vez, se reconoce la justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía, priorizando a las poblaciones más vulnerables.
Se devuelve Pemex y CFE al pueblo de México como empresas públicas, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, se determina que las actividades que realicen no serán consideradas monopólicas, pues cumplen una función social, y desaparecen sus subsidiarias, dando paso a su reintegración vertical y horizontalmente.
En el caso del sector eléctrico, se define el concepto de prevalencia, con lo cual CFE mantendrá, al menos, 54 por ciento del promedio anual de la energía inyectada a la red.
Se mantiene el compromiso de no incrementar las tarifas por encima de la inflación, se definen las áreas de participación para la iniciativa privada con orden y transparencia, y se mantiene el mercado eléctrico, garantizando la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
En el sector hidrocarburos, Pemex determinará las áreas de exploración y extracción, y podrá asociarse con privados en contratos mixtos.
Se introduce el Derecho Petrolero para el Bienestar, un nuevo régimen fiscal simplificado para Pemex.
Se rescata la industria petroquímica nacional, se mejora la trazabilidad de los hidrocarburos y se establecen esquemas de inversión mixta para compartir riesgos y beneficios.
Se crea la Comisión Nacional de Energía (CNE), que sustituye a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para optimizar las facultades, y se fortalece la planeación, regulación, supervisión y conducción de la política energética desde la Secretaría de Energía, sin duplicidades y con mayor eficiencia.
La CNE, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con independencia técnica y operativa, se encargará de otorgar permisos de generación y comercialización de energía eléctrica, establecer tarifas, vigilar el mercado eléctrico mayorista y supervisar la cadena productiva de gas natural, petrolíferos y petroquímicos.
El dictamen se envió a la Mesa Directiva, la cual habrá de someterlo a votación en el pleno este mismo martes.
