Indígenas residentes y migrantes plantean que la nueva Ley reconozca sus derechos y formas de organización también en contextos urbanos
Desde Guadalajara, Monterrey y Oaxaca, comparten experiencias y propuestas para mantener vivas sus identidades, lenguas, culturas y vínculos comunitarios
Guadalajara, Jalisco, a 20 de septiembre de 2026. Este domingo continúan las Mesas de Trabajo del proceso de Diálogo y Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que se desarrollan de manera complementaria a las Asambleas Regionales para fortalecer el texto normativo. Las jornadas se llevan a cabo en Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco, y San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, para recoger las propuestas y planteamientos de indígenas y afromexicanos residentes y migrantes, así como de autoridades y representantes indígenas.
En estos espacios, indígenas pertenecientes a diversos pueblos comparten sus experiencias, necesidades y propuestas desde los lugares donde actualmente viven. Al establecer su vida en contextos distintos a sus comunidades y territorios de origen, mantienen vivas sus identidades, lenguas, culturas, conocimientos y formas propias de organización, al tiempo que enfrentan necesidades particulares que deben ser consideradas para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
En Guadalajara, Jalisco, con la asistencia de integrantes de los pueblos Nahua, Wixárika, Zoque, Purépecha, Totonaco y Mixteco, provenientes de seis comunidades, el indígena mixteco, originario de Oaxaca y autoridad tradicional, Francisco Marciano Acevedo Olea, compartió su experiencia como migrante desde que llegó a Guadalajara a los seis años. Explicó que conserva los vínculos con su comunidad de origen, sus usos y costumbres y su sistema normativo, al tiempo que participa en las formas de organización construidas por las comunidades indígenas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Explicó que las nuevas generaciones mantienen su pertenencia e identidad aún cuando hayan nacido lejos de los territorios de origen y recordó el trabajo realizado durante años para visibilizar y dignificar la presencia de los pueblos indígenas en la entidad.
En San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, participan 58 autoridades de 22 comunidades de los Pueblos Mixteco y Zapoteco en el análisis de la propuesta de iniciativa de ley. En el acto inaugural, el presidente municipal y consejero nacional de Pueblos Indígenas, Roberto Pérez Delgado, del pueblo Zapoteco, destacó que la Mesa de Trabajo debe ser un espacio para hablar con libertad, escuchar con respeto y expresar las necesidades y propuestas de las comunidades.
Señaló que sus historias, costumbres, identidades y formas de organización no pertenecen únicamente al pasado, sino que forman parte de su presente y de lo que buscan preservar para las siguientes generaciones, por lo que convocó a construir acuerdos desde las distintas experiencias y realidades de los pueblos. Subrayó que la nueva Ley debe construirse con la participación directa de los pueblos y llamó a que ninguna voz quede fuera del diálogo.
En Monterrey, Nuevo León, se congregaron cerca de 150 personas; 27 autoridades indígenas así como residentes y migrantes de los pueblos Tének, Náhuatl, Mazahua, Otomí, Mixteco, Xochimilca, Tzeltal, Mixe, Tepehuano y Zoque.
La autoridad indígena náhuatl Galileo Hernández Reyes, originario de la región Huasteca Potosina, destacó la importancia de que esta propuesta legislativa incorpore la realidad de quienes viven fuera de sus territorios de origen, pero que mantienen sus identidades, culturas, lenguas, conocimientos, formas de organización y vínculos comunitarios.
Subrayó que la construcción de estos instrumentos debe partir de la participación directa de las comunidades. “El esfuerzo que realizamos mediante el diálogo con las autoridades y la recopilación de nuestras opiniones tiene precisamente el propósito de llevar la realidad de las personas y lograr que los instrumentos legislativos respondan a ella”, aseveró.
Por ello, enfatizó que la nueva legislación debe considerar las realidades de las personas indígenas que viven en ciudades y zonas metropolitanas y destacó que las decisiones relacionadas con sus derechos deben construirse colectivamente, mediante el diálogo y la búsqueda de consensos.
