
La coordinadora de Defensa de la Transformación en Nuevo León presentó dos denuncias ante la FGR contra el gobernador, su esposa, familiares y el alcalde de Monterrey. Acusa posibles delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Exige investigar el destino final de los recursos públicos.
Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.– Dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, presentó Clara Luz Flores Carrales, coordinadora de Defensa de la Transformación en la entidad, por presuntas redes de corrupción, desvío de recursos públicos, operaciones financieras irregulares y posibles beneficios a empresas particulares.
Durante un encuentro con medios de comunicación, Flores Carrales informó que la primera denuncia involucra también a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador; Samuel Orlando García Mascorro, padre del mandatario, y otras personas que pudieran resultar responsables.
Entre los posibles delitos señalados se encuentran delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como parte de los elementos que solicita investigar, mencionó señalamientos periodísticos sobre una presunta red de empresas mediante la cual recursos públicos del gobierno estatal habrían sido transferidos hasta llegar a un despacho jurídico vinculado con el gobernador y su entorno familiar.
Uno de los montos centrales de la denuncia asciende a 7 mil 212 millones de pesos, cifra relacionada con una denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Asimismo, señaló investigaciones periodísticas sobre contratos por 110 millones de pesos celebrados por el gobierno estatal con empresas que, según expuso, habrían sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a presuntos vínculos con el crimen organizado.
Flores Carrales cuestionó también la postura que, según expuso, sostuvo Samuel García en su contestación al procedimiento de juicio político ante el Congreso local, respecto a que los recursos públicos pierden ese carácter una vez que son pagados a proveedores privados.
“Los recursos públicos no dejan de ser materia de escrutinio por el simple hecho de pasar por una cuenta privada. Nadie puede utilizar una transferencia para ocultar el origen, el destino o los beneficiarios del dinero del pueblo de Nuevo León”, sostuvo.
SEGUNDA DENUNCIA: ADRIÁN DE LA GARZA Y EL CASO NEXT ENERGY
La segunda denuncia está dirigida contra el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, y Jovita Morín Flores, excontralora municipal y militante del PAN, por posibles delitos de delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
El señalamiento está relacionado con el caso Next Energy, una contratación que, de acuerdo con la denunciante, contempló una autorización presupuestal de 7 mil 370 millones de pesos, con una vigencia de hasta 30 años.
La coordinadora de Morena indicó que, según las investigaciones referidas, los pagos vinculados con este proyecto habrían superado los mil 603 millones de pesos.
Por ello, demandó esclarecer si existieron conflictos de interés, tráfico de influencias o favorecimiento indebido a determinadas empresas, así como identificar quién autorizó los contratos, quién ordenó los pagos y si los servicios efectivamente fueron prestados.
También pidió verificar que las compañías involucradas contaran con los permisos correspondientes, que los pagos estuvieran respaldados por avances de obra debidamente justificados y que se determine si hubo participación de recursos federales y si estos fueron ejercidos conforme a la legislación aplicable.
Para profundizar en las investigaciones, Flores Carrales solicitó la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de Nuevo León y la Auditoría Superior de la Federación.
El objetivo, explicó, es reconstruir las operaciones financieras, identificar las cuentas involucradas, establecer la trazabilidad de los recursos y conocer quiénes fueron los beneficiarios finales.
La dirigente subrayó que ambas denuncias corresponden a señalamientos distintos, pero que, desde su perspectiva, tienen un elemento común: el presunto uso de cargos públicos para beneficiar intereses particulares.
“Samuel García y Adrián de la Garza representan exactamente lo mismo: delincuencia organizada desde el poder público, utilizando sus cargos para beneficiar intereses particulares y comprometer los recursos del pueblo de Nuevo León”, afirmó.
Y enfatizó: “El servicio público no es un negocio personal, los recursos públicos no son patrimonio de una familia y los cargos de elección popular no son licencias para hacer negocios desde el poder”.
Al ser cuestionada sobre si las denuncias respondían a una percepción o confrontación política contra el gobernador, Flores Carrales rechazó esa interpretación y sostuvo que su actuación busca exigir transparencia y rendición de cuentas.
“Nosotros solo exigimos y venimos a exigir cuentas claras y a denunciar a los funcionarios corruptos”, expresó.
En sus declaraciones ante los medios, comparó las actuaciones atribuidas a ambos gobernantes y cuestionó que, pese a representar proyectos políticos distintos, existan prácticas que considera similares.
“Parece que están compitiendo a ver quién es más corrupto, quién es más innovador en cómo robar más o cómo justificarse más”, señaló, al insistir en que las autoridades deben investigar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
La coordinadora también cuestionó el discurso de renovación política que acompañó la llegada de nuevas administraciones a Nuevo León.
“Nos quisieron vender a todos la idea de que lo mejor para Nuevo León era lo nuevo, pero nos dimos cuenta de algo: ni lo nuevo nuevo ni lo viejo viejo ha funcionado”, manifestó.
En contraste, sostuvo que las prioridades de la población deben ser los servicios públicos, el acceso a medicamentos, la atención médica, la movilidad y las condiciones económicas de las familias.
“Lo que Nuevo León necesita es eficacia. El dinero del pueblo se tiene que traducir en calidad de vida para los neoloneses”, puntualizó.
Sobre las garantías de que las denuncias tengan consecuencias legales, Flores Carrales manifestó su confianza en las instituciones federales y explicó que acudió directamente a la FGR porque considera que los señalamientos involucran posibles conductas que requieren la intervención de autoridades de ese ámbito.
Precisó que los hechos denunciados abarcan los cinco años de la administración de Samuel García y sus familiares, así como el periodo anterior y el actual de Adrián de la Garza al frente del Ayuntamiento de Monterrey.
Indicó que entregaron documentación relacionada con contratos y otros elementos para que sean analizados por las autoridades. Añadió que estas dos nuevas denuncias son adicionales a otra presentada anteriormente por el alcalde de Monterrey, por lo que serían tres procedimientos relacionados con estos señalamientos.
Finalmente, al ser interrogada sobre el incremento de la deuda estatal y las versiones sobre posibles problemas financieros en Nuevo León, la dirigente sostuvo que el endeudamiento ha aumentado considerablemente respecto a administraciones anteriores.
Flores Carrales insistió en que el debate debe centrarse en el destino del presupuesto y en los beneficios que debe recibir la población.
“Lo que nosotros estamos subrayando es que el dinero del pueblo de Nuevo León se tiene que traducir en calidad de vida para los neoloneses”, concluyó.
La coordinadora reiteró que su exigencia es que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y que cada peso de los recursos públicos sea rastreado para establecer su destino y, en su caso, fincar responsabilidades.

