La presidenta pidió investigar los contratos de proveedores del INE y los OPLE, transparentar sus antecedentes y fortalecer a Talleres Gráficos de México; recordó que Guadalupe Taddei llegó al organismo electoral de Sonora en 2014, durante el gobierno de Guillermo Padrés y la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE
Demian Duarte, corresponsal
Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, planteó transparentar las contrataciones de empresas proveedoras de material electoral, revisar posibles irregularidades y fortalecer a Talleres Gráficos de México para ampliar su participación en la producción de documentación electoral.
Durante la conferencia matutina del pueblo, la mandataria señaló que las relaciones comerciales entre determinadas empresas y los organismos electorales deben investigarse desde sus antecedentes, con el propósito de esclarecer posibles irregularidades y establecer responsabilidades cuando corresponda.
Sheinbaum sostuvo que los cuestionamientos sobre estas contrataciones no deben limitarse a las administraciones recientes, pues, de acuerdo con los antecedentes que expuso, existen señalamientos públicos sobre empresas del sector desde finales de la década de 1990 y durante los primeros años de la década de 2000.
En ese contexto, pidió revisar los procedimientos mediante los cuales empresas proveedoras de material electoral han obtenido contratos tanto de los organismos públicos locales electorales (OPLE) como del Instituto Nacional Electoral (INE).
La presidenta afirmó que la concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores hace necesario revisar los mecanismos de contratación y promover condiciones de mayor competencia. También propuso fortalecer las capacidades técnicas y operativas de Talleres Gráficos de México, empresa del Estado mexicano, para que pueda producir la papelería electoral.
Como parte de esta propuesta, planteó reforzar la transparencia de la institución y establecer mecanismos de supervisión que permitan revisar sus procesos y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
La mandataria explicó que solicitó investigar desde cuándo operan las empresas señaladas y cuáles han sido sus vínculos contractuales con las autoridades electorales. Indicó que se continuará presentando información sobre el tema y subrayó que cualquier posible irregularidad debe esclarecerse, sin distinciones.
Asimismo, hizo referencia a antecedentes de controversias en el Estado de México, incluidos señalamientos que, según expuso, se remontan a 1999 y a un episodio de 2005 relacionado con consejeros electorales. Estos antecedentes, sostuvo, deben considerarse al analizar la evolución de las contrataciones de material electoral.
Sheinbaum enfatizó que la revisión debe acompañarse de transparencia y de las sanciones correspondientes cuando se acrediten responsabilidades.
En otro tema, la presidenta se refirió a la trayectoria de Guadalupe Taddei y rechazó las versiones que atribuyen el inicio de su participación en las instituciones electorales a su posterior llegada a la presidencia del INE.
Explicó que Taddei fue designada al frente del organismo electoral de Sonora en 2014, durante el gobierno estatal de Guillermo Padrés, mediante un procedimiento aprobado por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, antecedente institucional del INE. En ese periodo, señaló, Lorenzo Córdova encabezaba dicho órgano colegiado.
Añadió que Taddei permaneció en la institución electoral estatal hasta 2021 y posteriormente tuvo participación en el ámbito de la transparencia en Sonora. En 2023 llegó a la presidencia del INE mediante el procedimiento de insaculación en la Cámara de Diputados, después de que no se alcanzara el acuerdo requerido para una designación por mayoría calificada.
La presidenta consideró relevante precisar esta cronología ante los señalamientos sobre la supuesta vinculación política de Taddei con Morena, partido que aún no existía como tal cuando comenzó su trayectoria en el organismo electoral sonorense.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que la revisión de los antecedentes institucionales y de las contrataciones debe contribuir a esclarecer los hechos, transparentar los procedimientos y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito electoral.
