Hermosillo, Son., marzo 9 de 2023.- Ante la necesidad de consagrar en la norma penal del Estado el contexto social que demanda establecer nuevos supuestos de razones de género e incluir agravantes al delito de feminicidio, el Pleno del Congreso aprobó reformas al Código Penal del Estado de Sonora.
Los integrantes de la LXIII Legislatura aprobaron que la penalidad a quien cometa el delito de feminicidio, que va de 45 a 70 años de prisión y multa de dos mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización, aumente en una mitad más de la establecida como máxima para este delito cuando se actualicen las agravantes de que sea cometido por servidor público en cualquier etapa del delito y cuando fuere cometido por dos o más personas.
Con base a una iniciativa que el 6 de abril de 2022 presentara ante esta Soberanía la diputada Ernestina Castro Valenzuela, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos elaboró el dictamen con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 263 BIS del Código Penal del Estado de Sonora, el cual fue aprobado por unanimidad de la asamblea.
La legisladora planteó en la exposición de motivos que tomó como referencia las recomendaciones nacionales e internacionales emitidas en la materia, los aciertos de las legislaciones locales, las características comunes identificadas en las conductas feminicidas y los reclamos de la sociedad civil, con la finalidad de eliminar las barreras normativas que enfrentan las sobrevivientes, las víctimas y sus familiares en la búsqueda de justicia, verdad y reparación integral.
También para propiciar que las muertes violentas de mujeres en México sean investigadas con perspectiva de género, a partir de elementos comunes que brinden certeza jurídica a las víctimas y sus familiares, y posibiliten identificar similitudes respecto a la incidencia de esta conducta delictiva, expuso.
Otras agravantes que contiene el Decreto son: que el delito sea cometido por persona que tenga el deber de cuidado sobre la víctima; que sea cometido por conductor de vehículo de transporte de pasajeros, turismo o cualquier otra modalidad en el desarrollo de su trabajo; que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, actos de explotación o trata de personas, y en presencia de personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de consanguinidad o afinidad; o cualquier otra relación de hecho o amistad.
Los supuestos como razones de géneros son: hallazgos del cuerpo o los restos; que sean expuestos, exhibidos, depositados, arrojados u ocultados en un lugar público o de libre concurrencia; estado de indefensión de la víctima; existan antecedentes sobre cualquier tipo de violencia contra las mujeres de las previstas en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; o exista o haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza, ya sea por parentesco, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, cohabitación, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad.
En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó de manera unánime el Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado resuelve emitir un exhorto al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS, con el objeto de que, en el uso de sus facultades legales, realice o impulse todas aquellas acciones técnicas, legales o de fiscalización, que permitan a los propietarios o poseedores en trámite de regularización de predios o solares baldíos ubicados en el municipio de Navojoa, Sonora, contar con la debida certeza jurídica.
El diputado Próspero Valenzuela Múñer planteó que lo que se busca es que no sean afectados de sus derechos de propiedad o de posesión, producto de los procesos de compra venta que se realizan de los predios o solares baldíos establecidos en dicho Municipio.
Expuso que Navojoa se encuentra con un gran atraso en la regularización de predios, ya que están en estado irregular y tienen la necesidad de ser atendidos por las autoridades señaladas, de manera que las personas que se encuentran inmersas en dicha situación puedan tener la certeza jurídica de la propiedad en la que están asentadas, lo que abonaría en beneficio de la administración municipal, con el cobro de impuestos por la prestación de los servicios básicos.
Turna Presidencia iniciativas a comisiones
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Asuntos del Trabajo una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, presentada por el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El legislador propuso armonizar algunas contradicciones que considera presenta la referida norma, como los requisitos estipulados para ser Director del Centro de Conciliación, ya que se contradice la fracción III del Artículo 49 con el resto del articulado, sostuvo, en virtud de que se debe contar con título profesional con años de antigüedad, pero en el mismo artículo se establece una experiencia mínima de tres años y no haber desempeñado un cargo de elección popular en los tres años anteriores, y no haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos.
“En todos los supuestos se establecen tres años, más no en el título y cédula, cuando solamente se requieren tres años de experiencia, por lo que, para armonizar, propongo que se reduzca el plazo de antigüedad del título y cédula profesional a tres años antes de tomar el cargo”, aseveró.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Asuntos del Trabajo, mientras que la Comisión de Salud estudiará una iniciativa presentada por el diputado Óscar Eduardo Castro Castro, integrante del grupo parlamentario de MORENA, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al Artículo 76 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, con el objeto de que los médicos internos de pregrado y residencias no presten su servicio por más de doce horas consecutivas, salvo casos extraordinarios.
“Escuchamos que es muy común que los médicos internos de pregrado presten sus servicios por bastantes horas en forma consecutiva sin tener el debido descanso y en ocasiones hasta por 36 y/o 48 horas, poniendo en riesgo su salud y también la de las personas que atienden, lo cual pudiera llevar a un accidente o imprudencia que pudiera causar hasta la muerte”, expresó el legislador.
Agregó que en ocasiones los médicos internos de pregrado, al continuar su formación y no ser parte de la plantilla laboral como tal, son discriminados y hasta se abusa de su disponibilidad y tiempo, cuando el descanso y la recreación son derechos fundamentales.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos estudiará una iniciativa presentada por las diputadas que integran el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código de Familia para el Estado de Sonora.
Se trata de que cuando se cometa el delito de feminicidio, si el victimario tiene hijas o hijos con la víctima, perderá la patria potestad, aunque haya sido en grado de tentativa y no volvería a recuperarla, afirmó la diputada Brenda Lizeth Córdova Búzani.
La legisladora agregó que es necesario regular la relación que deberán tener las hijas e hijos con el padre feminicida, ya que este delito se castiga en el Código Penal del Estado de Sonora y de él se derivan muchas consecuencias, dentro de las que destacan la custodia y patria potestad de las y los niños adolescentes, que quedan huérfanos de madre, sobre todo cuando el agresor es el padre, quien tiene que purgar una condena y sus descendientes quedan al desamparo.
