Demian Duarte, corresponsal
Ciudad de México.- Tras agotar todas las instancias legales, Grupo Salinas deberá cubrir una deuda fiscal de 51 mil millones de pesos en enero de 2026, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó de manera definitiva las resoluciones favorables al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó que el organismo notificará formalmente el requerimiento de pago en enero de 2026, con lo que iniciará el plazo para el pago voluntario, conforme al Código Fiscal de la Federación.
La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de un asunto estrictamente legal, jurídico y administrativo, en el que el Gobierno de México actúa con pleno apego a la ley y respeto a las resoluciones judiciales.
“Lo resolvió la Corte. Se notifica en enero y esperamos que se pague. Si no, entonces iniciará otro proceso conforme a la ley”, afirmó la mandataria.
Martínez Dagnino explicó que, de acuerdo con el marco legal vigente y las sentencias de los tribunales, Grupo Salinas podrá solicitar ajustes a la baja de hasta 39 por ciento, -descuentos previstos en la ley- dependiendo del esquema de pago que elija, un derecho previsto para cualquier contribuyente.
Recordó además que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece la obligación de todas las personas físicas y morales de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.
El caso y origen del adeudo data desde 2013, cuando el SAT determinó, mediante resoluciones administrativas, adeudos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, tras considerar improcedentes las pérdidas fiscales reportadas por las empresas del grupo.
Luego de más de una década de litigios e impugnaciones en distintas instancias, la SCJN desechó en 2024 los últimos recursos legales, confirmando la legalidad de la actuación del SAT y de los tribunales inferiores.
La Presidenta informó que la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, han supervisado el proceso, en cumplimiento de sus atribuciones.
“El Gobierno seguirá informando. Este es un proceso legal que debe conocerse por tratarse de un asunto de interés público”, señaló Sheinbaum.
Una vez que surta efectos la notificación en enero de 2026, comenzará el plazo legal para el pago. En caso de incumplimiento, la autoridad fiscal podrá iniciar los procedimientos de cobro previstos en la ley.
