
El Gobierno de México ha invertido más de 686 mdp en el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro en los temas de Lugares Sagrados, Cultura e Identidad; Tierra y Territorio; Gobierno Tradicional y Bienestar Común.
El reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos llegó con el Gobierno de la Cuarta Transformación y se implementa por decisión y liderazgo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo: Adelfo Regino.
La Cruz del Palmar, San Miguel de Allende a 15 de enero de 2026. En esta comunidad otomí, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes encabezó junto a autoridades indígenas, la Asamblea Regional de Seguimiento del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro, en la que destacó que el Gobierno de México ha invertido 686.5 mdp en los 4 ejes temáticos que lo integran: Lugares y Sitios Sagrados, Cultura e Identidad; Tierra, Territorio y Medio Ambiente; Gobierno Tradicional, Paz y Seguridad y Bienestar Común.
El titular del INPI reiteró el trabajo directo de gobierno a gobierno para la consolidación e implementación de este Plan de Justicia; “nosotros tenemos la profunda convicción de que tenemos que trabajar de manera directa a través del diálogo y la escucha con las autoridades como representantes legítimos de la comunidad”, puntualizó.
Aseveró que el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos, llegó con el Gobierno de la Cuarta Transformación al firmarse el Decreto Constitucional del Artículo 2° de la Carta Magna, “y se implementa por decisión y liderazgo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo”, aseguró.
Explicó que este reconocimiento a las comunidades como sujetos de derecho público con patrimonio propio, significa reconocer a su gobierno tradicional con capacidad para tomar decisiones; que sus decisiones, – tomadas en sus Asambleas Comunitarias-, tienen una fuerza obligatoria; que las comunidades pueden recibir recursos públicos de manera directa; que las comunidades pueden hacer sus obras públicas de manera directa y que la comunidad tiene un patrimonio; su tierra, templo, palacio, sus caminos, que no es un patrimonio individual sino colectivo.

Por su parte, la asesora de la Presidencia de la República en materia de Defensa y Protección del Medio Ambiente, Jesusa Rodríguez Ramírez recalcó el compromiso de la presidenta de la República para hacer justicia y garantizar los derechos históricos a los pueblos indígenas, que desde el primer año de su gobierno “aceleró la implementación de la reforma constitucional con la creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, señaló.
Por su parte, la delegada de los Programas del Bienestar en el estado de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández resaltó que el Gobierno de México destinó en este estado, alrededor de 60 mdp del FAISPIAM. “En el Plan de Justicia, se le está regresando a las comunidades lo que por años les fue negado y que por derecho les corresponde”, puntualizó.
En tanto, Israel Ramírez González, presidente del Comisariado del Ejido Nuevo Cruz del Palmar resaltó que uno de los avances fundamentales de este Plan de Justicia es la culminación de un conflicto agrario, creándose el nuevo ejido La Cruz del Palmar con una extensión de 569 hectáreas.

Se consolida Plan de Justicia
Al presentar un informe a las autoridades indígenas, los avances y a su vez definir pendientes y trazar una ruta de trabajo para este año, el director general del INPI, detalló que en el tema de Lugares sagrados, cultura e identidad se ha invertido un total de 7,4 mdp, en el cual se realizaron diversas acciones para la preservación, fortalecimiento de los lugares y sitios sagrados a fin de elaborar un Catálogo Regional, así mismo, la conformación de la Comisión de Lugares y Sitios Sagrados, lengua, danza, festividades y producción artesanal de los Pueblos Chichimeca y Otomí.
Señaló que en el eje temático de Tierra, Territorio y Medio Ambiente, se ha invertido 37.1 mdp. También destacó el término del conflicto agrario entre Cruz del Palmar y la Petaca y con ello, el nacimiento del primer ejido en el marco de este Plan de Justicia.
En el eje temático Gobierno tradicional, paz y seguridad, el director del INPI reportó una inversión acumulada de 104 mdp. Dijo que 110 comunidades indígenas recibieron presupuesto directo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
En el eje temático de Bienestar Común, se reportó el apoyo, aperturas y rehabilitaciones a Comedores Escolares de la Niñez Indígena; así como acciones para el fortalecimiento de la medicina tradicional y economía y sistemas productivos. También se reportó avances en la construcción de caminos artesanales, estudios sobre calidad de agua, apoyos de vivienda y acciones de electrificaciones de parte de la CFE.

Al mismo tiempo, en la Asamblea Regional se reconoció como un avance fundamental, la iniciativa sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería, en la atención integral materna y neonatal, donde el IMSS Bienestar firmó la adhesión del Centro para los Adolescentes (CASA) en el Municipio de San Miguel de Allende, para convertirlo en el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar.
Acuerdos
En plenaria, la asamblea acordó darle seguimiento puntual a los pendientes y profundizar el Plan de Justicia, por ello, se estableció la revisión y análisis de las reglas de operación de los programas federales, para que estas sean adecuadas al nuevo contexto jurídico de la reforma al Artículo 2 constitucional.
También se acordó que las autoridades indígenas y el equipo técnico del INPI comenzarán recorridos en territorio el 26 de enero con el objetivo de revisar técnicamente el estado actual de los caminos, identificando las necesidades particulares de cada obra caminera. Lo anterior, en seguimiento de la petición de 50 caminos artesanales.
Finalmente, atendiendo las demandas de las comunidades indígenas de implementar proyectos enfocados en la preservación, enseñanza y fortalecimiento de las lenguas originarias, se acordó la creación de 39 Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI) en el marco de este Plan de Justicia; 31 para el pueblo Otomí y 8 para el pueblo Chichimeca, con el objetivo de impulsar la revitalización, desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas. Las autoridades realizarán sus Asambleas Comunitarias para definir las sedes de las CALIS.

