El director general del INPI, Adelfo Regino Montes anunció que este proceso continuará con reuniones del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y posteriormente con una consulta nacional a aproximadamente 17 mil comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país.
Ciudad de México, a 19 de junio de 2026. Representantes El Comité Técnico Asesor para la elaboración de la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos llevó a cabo su octava sesión de trabajo para continuar con el análisis del texto normativo, el cual ha sido construido de manera colectiva, con la participación de especialistas, integrantes de los pueblos indígenas y afromexicanos y representantes del Gobierno de México, cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 2° de la Constitución Mexicana, que establece la expedición de la Ley General.
Encabezados por la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el texto normativo se encamina al proceso de diálogo y consulta a lo largo y ancho del territorio nacional, cumpliendo con el principio juarista de que “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.
En representación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos, Esteban Martínez Mejía reconoció el trabajo permanente del Consejo Técnico para construir un modelo transformador, “que sin duda, refleja en buena medida lo que representa la Cuarta Transformación de la vida pública de México, un proceso que refleja la defensa de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra historia, un proceso que reivindica derechos culturales, económicos, sociales, la transformación es un proceso que defiende la dignidad humana; es un proceso de reivindicación de derechos de deudas históricas que tenía
la Nación mexicana con sus pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
En representación de la Secretaría de Gobernación, el director general de Consultas y Participación, Víctor Toledo Llancaqueo confió en que el texto normativo a analizar en esta octava sesión, sea el definitivo y seguir con el siguiente desafío: el proceso de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos en todo el país. Destacó los avances profundos en México durante los últimos años en materia de derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la reforma constitucional al artículo 2° y el presupuesto directo para comunidades, entre otros, gracias a la Cuarta Transformación de la vida pública nacional.
Por su parte, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes subrayó que este trabajo responde al mandato establecido en el artículo 2° de la Constitución Mexicana que establece en sus transitorios la elaboración de la Ley General para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Recordó que durante 2024 y 2025 se realizaron diversas sesiones de trabajo y un amplio proceso de diálogo interinstitucional coordinado por la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación, en el que participaron múltiples dependencias del Gobierno de México para presentar hoy un documento consensado sobre el contenido de la futura ley.
Anunció que el proceso continuará con reuniones del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y posteriormente con una consulta nacional, la cual consistirá en dos acciones principalmente: llevar la Propuesta de Ley a aproximadamente 17 mil comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país, mediante materiales informativos y actividades de difusión y realizar un amplio proceso de diálogo y consulta en los territorios para recoger opiniones, propuestas y observaciones de las comunidades, reiterando que la construcción de la Ley debe realizarse con la participación directa de los pueblos indígenas y afromexicanos.
En su turno, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado de la República, Edith López Hernández señaló que el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos es resultado de una larga historia de lucha, resistencia y sacrificio de generaciones anteriores. Dijo que el principal desafío ya no es únicamente la aprobación de la ley, sino lograr que ésta llegue efectivamente a las comunidades.
En su intervención, el experto del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Organización de las Naciones Unidas, Saúl Vicente Vázquez, hizo un recorrido por los principales avances internacionales y nacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, resaltando el reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Finalmente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz señaló que México vive una transformación profunda impulsada por dos reformas fundamentales: la reforma al artículo 2° constitucional, que fortalece el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y la reforma al Poder Judicial, que busca acercar la justicia a la ciudadanía y fortalecer la democracia. Consideró que la reforma al artículo 2° constituye un cambio estructural que obliga a replantear la interpretación de la Constitución y del sistema jurídico mexicano.
Asimismo, sostuvo que es indispensable contar con una Ley General que desarrolle los principios establecidos en la Constitución. Explicó que la ausencia de una legislación secundaria genera incertidumbre sobre el alcance concreto de conceptos como autonomía, patrimonio cultural, lugares sagrados, sistemas normativos y pluriculturalidad. Advirtió que, sin una ley, estas definiciones quedarían exclusivamente sujetas a la interpretación judicial.
