Una vez revisado el texto normativo por el Consejo Nacional Pueblos Indígenas, será la base de una consulta nacional a las 17 mil comunidades indígenas y afromexicanas del país, a través de 80 asambleas regionales
Ciudad de México, a 20 de junio de 2026. En su primera sesión ordinaria de este año, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas recibió el texto normativo de la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, previamente revisado y aprobado por el Comité Técnico Asesor, con el propósito de analizar su contenido y discutir la emisión de la convocatoria para el proceso de consulta.
Ante 185 consejeras y consejeros provenientes de distintos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, explicó que el documento fue aprobado por el Comité Técnico Asesor después de un amplio proceso de diálogo interinstitucional. Detalló que una vez revisado por el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, será la base de una consulta nacional a las 17 mil comunidades indígenas y afromexicanas del país, a través de 80 asambleas regionales.
Destacó que la elaboración de la ley es resultado de un esfuerzo colectivo en el que han participado dependencias del Gobierno de México, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, organismos internacionales, especialistas y representantes de los propios pueblos indígenas.
“Eso es lo que nos han enseñado nuestros antepasados, nuestras abuelas y abuelos, nuestras madres y padres, que las cosas se construyen de manera colectiva por eso existe el tequio, la asamblea, la gozona, la fiesta, todas las creaciones colectivas de nuestros pueblos y de nuestras comunidades son colectivas, y una ley de esta naturaleza no podía ser la excepción, esto es gracias al trabajo y a la inteligencia colectiva”, puntualizó.
Finalmente, hizo un llamado a la unidad de los pueblos indígenas y afromexicanos para construir una ley que fortalezca sus derechos, contribuya a la reconciliación social y permita avanzar hacia una relación más justa entre el Estado mexicano y los pueblos originarios. Invitó a las y los consejeros a analizar, enriquecer y promover la propuesta durante el próximo proceso de consulta nacional.
En su participación, el representante de la Consejería Jurídica, Marat Paredes Montiel, subrayó que la Cuarta Transformación ha impulsado un cambio profundo en la relación del Estado con los pueblos indígenas y afromexicanos, al reconocerlos como sujetos de derecho público y no como simples beneficiarios de políticas asistenciales. En ese sentido, afirmó que la reforma al artículo segundo constitucional del 2024 marcó un cambio de paradigma jurídico al fortalecer el reconocimiento de sus derechos colectivos.
Explicó que la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es resultado de un amplio proceso de diálogo, construcción de consensos y trabajo conjunto entre la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y diversos actores sociales y comunitarios. Destacó que la ley busca materializar los derechos reconocidos en la Constitución y construir un nuevo pacto basado en la libre determinación, la igualdad, el respeto y la reconciliación.
En su participación, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz señaló la necesidad de contar con una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Explicó que durante más de 200 años, el Estado mexicano careció de una legislación integral para los pueblos indígenas, a pesar de que existen leyes para numerosos ámbitos de la vida nacional. Consideró que esta ausencia refleja una visión histórica que buscó homogeneizar al país y desconoció su carácter pluricultural.
Reconoció que el proyecto es amplio y complejo porque abarca dimensiones políticas, culturales, sociales, territoriales, jurídicas y económicas, pero consideró que esa amplitud es necesaria para responder a la diversidad de realidades de los pueblos. También destacó que la ley no debe verse como un documento definitivo e inmutable, sino como un punto de partida que podrá fortalecerse y perfeccionarse con el tiempo mediante reformas y nuevas aportaciones de las comunidades.
Calificó como histórica la decisión de consultar a 17 mil comunidades indígenas y afromexicanas del país. Consideró que este esfuerzo materializa el principio democrático de que las decisiones deben construirse con la participación directa del pueblo.
La representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Maia Campbell coincidió que la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y la convocatoria para el proceso de consulta constituyen un paso fundamental para hacer efectivos los avances logrados con la reforma al artículo segundo constitucional de 2024.
Subrayó que toda reforma constitucional requiere un desarrollo legislativo que permita convertir los principios y derechos reconocidos en mecanismos concretos de aplicación. En ese sentido, afirmó que la elaboración de la Ley General es indispensable para garantizar la implementación efectiva de los derechos y evitar interpretaciones restrictivas o ambiguas.
La coordinadora del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Yaneth del Rosario Cruz Gómez, subrayó que, por primera vez, los propios pueblos indígenas participan directamente en la redacción de leyes que reflejan sus aspiraciones y derechos. Finalmente, llamó a los integrantes del Consejo Nacional a asumir la responsabilidad de difundir, defender y acompañar la iniciativa de ley hasta su aprobación en el legislativo.
La primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas 2026 contó además con la participación de la Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado de la República, Edith López Hernández; la Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez; y el integrante del Comité Técnico Asesor y experto del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, Saúl Vicente Vázquez y la directora general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inocencia Arellano Mijarez, entre otros.
