Hoy se lleva a cabo la segunda jornada de Asambleas Regionales en 5 sedes paralelas: Ensenada y San Quintín en el estado de Baja California, Vícam Pueblo y Hermosillo en el estado de Sonora y la Ciudad de México
Al encabezar la Asamblea regional en la CDMX, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes destacó que este proceso busca poner en práctica una nueva forma de gobernar, basada en escuchar al pueblo y en que las decisiones fundamentales estén en manos de los pueblos y comunidades
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, destacó la importancia de crear una Ley General, representa una oportunidad histórica para seguir apostando al derecho como una herramienta para transformar la realidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos
Ciudad de México a 8 de agosto de 2026. Como parte de este proceso amplio de diálogo y consulta sobre la Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que se lleva a cabo a lo largo y ancho del territorio nacional, comenzó la segunda jornada de Asambleas Regionales en 5 sedes paralelas: Ensenada y San Quintín en el estado de Baja California, Vícam y Hermosillo en el estado de Sonora y la Ciudad de México.
En Baja California se consulta a las autoridades y representantes de los Pueblos Cochimí, Cucapá, Kiliwa, Kumiai y Pa Ipai / Ku’ahl, así como indígenas y residentes migrantes, en Sonora a los Pueblos Yaqui, Seri, Pima y Tohono O’odham, mientras que en la Ciudad de México se recogen las propuestas, opiniones y planteamientos de indígenas y residentes migrantes.
Al encabezar la Asamblea Regional en la Ciudad de México, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes destacó que este proceso busca poner en práctica una nueva forma de gobernar, basada en escuchar al pueblo y en que las decisiones fundamentales estén en manos de los pueblos y comunidades. Señaló que se busca dejar atrás la manera tradicional de elaborar las leyes desde oficinas, despachos de abogados o grupos de especialistas, para construirlas desde abajo y con la participación directa de los pueblos. Explicó que, para elaborar la Propuesta de Iniciativa de Ley General, se convocó inicialmente a un comité técnico asesor, así como al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y a distintas dependencias de la Administración Pública Federal con atribuciones en la materia.
Afirmó que, siguiendo el ejemplo de los antepasados, quienes entendían las grandes obras humanas como resultado de una creación colectiva, el proyecto de iniciativa se pone en manos de los pueblos y comunidades para que lo analicen, propongan modificaciones, incorporen lo que haga falta y retiren aquello que consideren necesario.
El objetivo, dijo, es fortalecer la iniciativa para que, el 12 de octubre, pueda ser presentada ante el Congreso de la Unión con el respaldo y la legitimidad de las autoridades e instituciones representativas de los pueblos indígenas, contribuyendo así a profundizar y fortalecer el proceso de transformación del país.
En su participación, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, institución que asiste en calidad de observadora, destacó la importancia de crear una Ley General, la cual representa una oportunidad histórica para seguir apostando al derecho como una herramienta para transformar nuestra realidad y para construir nuevas formas de convivencia.
Señaló que a lo largo de nuestra historia, los pueblos han recurrido a distintos caminos para transformar sus condiciones de vida: desde los levantamientos armados hasta las movilizaciones y protestas pacíficas. Hoy, la propuesta de construir una ley significa colocar nuestras demandas en el ámbito institucional, mediante la norma, el diálogo y la participación colectiva.
Afirmó que la reforma constitucional de septiembre de 2024 representó un paso fundamental. “Pero la reforma constitucional no es el punto final. Se requiere una legislación que precise el alcance de los derechos reconocidos, distribuya competencias y establezca las bases para su efectiva aplicación. Posteriormente deberán venir las adecuaciones institucionales y las políticas públicas necesarias para hacer realidad esos derechos”, puntualizó.
Resaltó que esta ley tiene además una importancia especial porque permitirá que sean los propios pueblos quienes contribuyan a definir el contenido y alcance de derechos fundamentales: los sistemas normativos, las formas de elección, el patrimonio cultural, los lugares sagrados y otros aspectos esenciales de su vida colectiva. Si los pueblos no participan en esa definición, existe el riesgo de que sean otras instituciones las que terminen determinando el alcance de sus derechos.
Por ello, el proceso de consulta y participación que hoy se desarrolla tiene una enorme trascendencia. La legitimidad de una ley depende también de que refleje la voluntad de quienes serán sus destinatarios. Los mecanismos de participación ciudadana, el parlamento abierto, la consulta y otras formas de diálogo contribuyen a construir una voluntad general más cercana a su realidad, concluyó.
“Esta consulta representa una oportunidad para construir un marco jurídico más justo, incluyente y acorde con la realidad de los pueblos indígenas y afromexicanos”, finalizó.
Finalmente, la representante adjunta de ONU Derechos Humanos (ONU-DH), Maia Campbell coincidió que nos encontramos ante un momento fundamental para avanzar en la implementación de la reforma constitucional de 2024 y, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), contribuir al fortalecimiento del ejercicio colectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Este proceso debe verse a la luz de la realidad histórica y de las condiciones particulares que han enfrentado estos pueblos, en concordancia con los principios establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este marco, resulta fundamental que la voz, la experiencia, las preocupaciones y las propuestas de los propios pueblos indígenas y afromexicanos constituyan el eje central del proceso de implementación y desarrollo de esta ley, afirmó.
