El gobernador de Sonora respalda las investigaciones, pero rechaza que se utilicen para responsabilizar políticamente a Morena; sostiene que quien haya lucrado con recursos públicos debe responder ante la justicia.
Redacción Sonora Power
Hermosillo, Sonora, 6 de noviembre de 2026.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, fijó su postura frente a las investigaciones sobre una presunta red de corrupción empresarial vinculada con la contratación de materiales electorales del INE y organismos públicos locales electorales (OPLEs), al establecer una clara distinción entre el esclarecimiento de posibles delitos y lo que consideró un intento de linchamiento político.
A través de un posicionamiento público titulado “La democracia no es un negocio”, fechado el 5 de noviembre, Durazo respaldó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, pero advirtió que no se debe utilizar este caso para trasladar a Morena responsabilidades por prácticas que, de acuerdo con los antecedentes expuestos, se habrían originado décadas atrás.
La postura del mandatario sonorense cobra relevancia luego de que, días antes, había expresado que no se sumaría al linchamiento de personas señaladas por presuntos actos de corrupción. Ahora, sin asumir una defensa de los involucrados, sostiene que las investigaciones deben avanzar, que se conozca toda la verdad y que quienes hayan lucrado con recursos públicos respondan ante la justicia.
En su documento, Durazo señala que los hermanos Hernández Casillas comenzaron su trayectoria en el Gobierno Federal desde 1983 y que, durante administraciones priistas, trabajaron junto a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien posteriormente ocupó cargos en gobiernos del PRI.
Añade que, después de dejar el servicio público, los hermanos comenzaron a obtener contratos con organismos electorales, con antecedentes de controversias en 1999 y 2005.
De acuerdo con el posicionamiento, entre 2014 y 2023 los contratos superaron los dos mil millones de pesos, mientras que entre 2024 y 2025 alcanzaron otros 646 millones de pesos.
El gobernador sostiene que las investigaciones apuntan a una estructura empresarial que habría simulado competencia y utilizado compañías vinculadas entre sí para obtener beneficios de recursos públicos.
Durazo también cuestionó los intentos de responsabilizar a Morena por las deficiencias históricas de las instituciones electorales, al considerar que se trata de una maniobra política para disputar el control del INE y debilitar la credibilidad del proceso de transformación ante la ciudadanía.
“Las responsabilidades tienen nombre y apellido, y la historia no se reescribe para acomodar culpas”, señala el documento.
Finalmente, el mandatario sonorense reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que las investigaciones deben llegar hasta el fondo, sin privilegios, excepciones ni encubrimientos.
“La transformación de México no puede permitir que las viejas estructuras de corrupción sigan operando bajo nuevas apariencias. No importa cuándo surgieron, quiénes las construyeron ni bajo qué gobiernos prosperaron: nadie puede estar por encima de la ley”, concluye.
