Sheinbaum abre Talleres Gráficos a vigilancia externa y prepara la creación de la Imprenta Nacional de México

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UNAM, IPN y Tecnológico de Monterrey tendrán representación independiente en la Junta de Gobierno; anuncian padrón público de proveedores, auditorías y transparencia en contratos electorales

Redacción Sonora Power

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2026.- El Gobierno de México anunció una transformación institucional de Talleres Gráficos de México para fortalecer la transparencia, la vigilancia sobre el uso de recursos públicos y la capacidad del Estado en la producción de documentación y materiales electorales, mediante un nuevo decreto presidencial que contempla la participación de instituciones académicas, auditorías y mecanismos de contratación abiertos.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien participa en China en el Foro APEC 2026, se presentó el proyecto que busca convertir a Talleres Gráficos en una institución con mayor capacidad operativa y controles externos sobre sus decisiones administrativas y financieras.

Uno de los cambios centrales será la reestructuración de su Junta de Gobierno, que pasará de cinco a siete integrantes, con la incorporación de tres consejeros independientes propuestos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico de Monterrey.

La estrategia también contempla abrir un padrón público de contratistas, transparentar los contratos y convenios mediante datos abiertos, establecer auditorías anuales y avanzar hacia un modelo de producción pública de materiales electorales.

TRES CONSEJEROS INDEPENDIENTES SE INCORPORAN A LA JUNTA DE GOBIERNO

Como parte de la nueva estructura institucional, fueron presentados los tres perfiles académicos que representarán a las instituciones de educación superior en la Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de México:

Ángel Eustorgio Rivera González, representante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Es profesor investigador de tiempo completo de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del IPN y coordinador de la Red de Desarrollo Económico.

Es ingeniero industrial, maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad, y doctor en Filosofía en Administración.

Su experiencia comprende sistemas de calidad, gestión organizacional y gestión del conocimiento.

Raúl Juan Contreras Bustamante, representante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, con una trayectoria de casi 38 años.

Cuenta con dos doctorados en la materia, uno por la propia UNAM y otro por la Universidad de Salamanca, además de dos doctorados honoris causa.

Es investigador nacional nivel III y fue director de la Facultad de Derecho durante dos periodos consecutivos, de 2016 a 2024.

Josefina Cortés Campos, representante del Tecnológico de Monterrey.

Es decana de la región Ciudad de México de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.

También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.

La incorporación de estos perfiles busca establecer una participación independiente en la supervisión institucional, ampliar la revisión de las decisiones de gobierno y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

La nueva Junta estará integrada por las personas titulares de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Hacienda y Crédito Público, Anticorrupción y Buen Gobierno, además de los tres consejeros independientes.

TRANSPARENCIA EN CONTRATOS Y VIGILANCIA DE PROVEEDORES

Entre las medidas contempladas en el nuevo decreto destaca la apertura de un padrón público de contratistas y proveedores, en el que se evaluará su capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera.

Asimismo, se establecerá un registro público en datos abiertos de los contratos, convenios, órdenes de producción y procesos de ejecución.

Se solicitará una auditoría anual voluntaria a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y se establecerán restricciones para impedir la contratación de empresas con sanciones, impedimentos legales u observaciones de los órganos fiscalizadores, así como aquellas emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio.

También se establecerán requisitos para la Dirección General, entre ellos no haber sido representante, socio o empleado de proveedores de documentación y materiales electorales durante los cinco años anteriores al nombramiento.

La Junta de Gobierno tendrá la responsabilidad de autorizar tarifas y precios homologados para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

EL ESTADO BUSCA RECUPERAR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ELECTORAL

Durante la presentación se expusieron cifras sobre la participación de Talleres Gráficos en la impresión de boletas electorales.

En 2024 produjo 317 millones de boletas para las elecciones federales y en 2025 alcanzó 602 millones.

Sin embargo, en el ámbito local, el 59 por ciento de los OPLE no imprimió sus boletas en Talleres Gráficos durante 2024. De los 32 organismos electorales locales, 13 contrataron la impresión con esta institución y 19 adquirieron boletas impresas por empresas privadas.

En cuanto al líquido indeleble, su desarrollo y fabricación corresponden al Instituto Politécnico Nacional, mediante la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, desde 1994. La producción reportada fue de 330 mil 65 aplicadores en 2021 y 349 mil 833 en 2024.

El proyecto busca ampliar la participación de las instituciones públicas en estos procesos y establecer condiciones de producción, calidad y precios homologados para reducir costos electorales.

DOS ETAPAS PARA CONSTRUIR LA IMPRENTA NACIONAL DE MÉXICO

El plan de transformación contempla dos grandes etapas: la primera, de noviembre de 2026 a junio de 2027, y la segunda, de julio de 2027 a 2030.

La primera fase estará enfocada en fortalecer Talleres Gráficos mediante el decreto presidencial, la actualización de su Estatuto Orgánico, la apertura del padrón de proveedores, la reorganización de su Junta de Gobierno y el establecimiento de controles de transparencia.

La segunda etapa contempla formular una Ley de la Imprenta Nacional de México, modernizar la infraestructura y el equipamiento, establecer mecanismos de compras abiertas y promover reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), para que la documentación y los materiales electorales sean producidos por entes públicos bajo especificaciones y controles de calidad del INE.

También se proyecta establecer compras consolidadas para el INE y los OPLE, mediante un catálogo único de productos y precios, así como crear un almacén nacional para recuperar, reparar y reutilizar materiales electorales entre procesos.

CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN: DE 2026 A LA ELECCIÓN DE 2030

  • Noviembre de 2026: publicación del decreto que reforma Talleres Gráficos, previsión de aportación de capital en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y convenios con OPLE que no hayan adjudicado sus contratos.
  • Diciembre de 2026 a enero de 2027: actualización del Estatuto Orgánico, apertura del padrón de proveedores y programa de inversión de Talleres Gráficos, con un plazo de 30 días.
  • Febrero a mayo de 2027: producción con datos abiertos.
  • Julio a diciembre de 2027: presentación de la iniciativa de Ley de la Imprenta Nacional, propuesta de reforma a la LGIPE, informe público de ahorros y resultados de la ASF.
  • 2028 a 2030: puesta en operación de una planta propia.

AHORRO, REUTILIZACIÓN Y SERVICIO A TODO EL GOBIERNO

La transformación también busca consolidar una imprenta al servicio de toda la Administración Pública Federal, mediante la producción de formatos, actas, títulos, gacetas e impresos oficiales.

Se establecerán convenios modelo con los estados y organismos electorales, además de alianzas con centros de investigación e instituciones de educación superior para el desarrollo, certificación y control de calidad de materiales e insumos.

La creación de un almacén nacional permitirá recuperar y reutilizar urnas, canceles y otros materiales electorales, mientras que el catálogo único facilitará homologar especificaciones y rangos de precios en todo el país.

Con estas acciones, el Gobierno federal plantea fortalecer la capacidad productiva del Estado, reducir costos de los procesos electorales y establecer nuevos mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en Talleres Gráficos de México, con la meta de avanzar hacia la operación de una Imprenta Nacional antes de la elección de 2030.

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