Con el objetivo de dar mejor funcionalidad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y profesionalismo a la labor legislativa en el Congreso del Estado, el Pleno aprobó reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en sesión en la que por mayoría no se aprobó la ratificación del Fiscal especializado en materia de delitos electorales ni del personal administrativo de nivel subdirección y superiores de este Poder.
La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de esta Soberanía fue presentada por los grupos parlamentarios de Morena, del Trabajo, de Nueva Alianza Sonora y del Verde Ecologista de México, y por la representación parlamentaria del Partido Encuentro Solidario, bajo el considerando de que es necesario contar con un Congreso del Estado más transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía, genere una percepción ciudadana más favorable hacia la institución y ponga en el centro de su labor legislativa la coparticipación ciudadana en la toma de decisiones.
“Con las propuestas planteadas se busca contar con un procedimiento legislativo adecuado, eficiente y eficaz, que cubra las expectativas de ofrecer productos de calidad, viables jurídica, social, económica y pragmáticamente en la atención de los problemas o cualquier otra situación que nuestra sociedad requiera y que además se genere una cultura de rendición de cuentas y de conductas apegadas a las buenas prácticas, a efecto de evitar el conflicto de interés en la función legislativa”, expuso el diputado Fermín Trujillo Fuentes.
En la parte expositiva se aclara que algunas modificaciones que se plantean a la Ley Orgánica del Poder Legislativo están motivadas por algunas acciones incorrectas que se vivieron en la anterior Legislatura, las cuales no deben repetirse, como el que legisladores no tengan el derecho de tener acceso, de manera precisa, suficiente y oportuna, de la información generada en este Poder.
Otra observación que se menciona es que anteriormente no se enteraban, en su calidad de representantes populares, del uso y manejo de los recursos que forman parte del presupuesto del Congreso, supeditando dicho derecho a la decisión del personal directivo y a la autorización de cierta comisión, lo que generó, de manera reiterada, que se aprobaran proyectos presupuestales sin la venia del Pleno y, por lo tanto, sin el conocimiento de la mayoría de sus integrantes.
Se establecen como principios fundamentales las medidas de austeridad en la conformación del Presupuesto de Egresos del Congreso y de todo aquello que permita su aplicación de manera eficiente y transparente; se contará con un Código de Conducta apegado a los principios éticos y de probidad para el ejercicio de su función legislativa como institución y la de sus integrantes, a efecto de crear una cultura de ética y buenas prácticas parlamentarias al interior de este Poder, y evitar el conflicto de interés o la opacidad en la construcción de presupuestos y de su aplicación.
También se establece garantizar el derecho constitucional de los integrantes del Poder Legislativo a tener acceso directo a la información financiera, administrativa o de otra naturaleza que se integra en el Congreso del Estado, ya que actualmente se presenta una restricción a los mismos que contraviene sus derechos, la transparencia y rendición de cuentas, así como ampliar el tiempo de ejercicio o duración de los integrantes de la mesa directiva en periodo ordinario y extraordinario, ya que con esto se motiva una continuidad, mejor asentamiento y funcionamiento en la dinámica de conducción legislativa.
Se aprobó que la Presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política dure un año legislativo y que las mesas directivas sean elegidas por la mayoría absoluta de los diputados presentes en la sesión del Pleno correspondiente; en su integración prevalecerá el principio de paridad y alternancia de género.
Dentro del proyecto de Decreto se incluyó la figura de Secretario Técnico, que será quien ayude a agilizar el trabajo técnico de las comisiones, sobre todo, dice la iniciativa, brindará el apoyo y asesoría de una persona con experiencia en el procedimiento legislativo de dictaminación de aquellos asuntos que le sean turnados por la Presidencia de la mesa directiva.
Y para darle mayor transparencia a la conformación del proyecto de presupuesto de egresos del Congreso del Estado, serán las comisiones de Administración, de Hacienda, de Transparencia y Combate a la Corrupción, con el auxilio de la Oficialía Mayor, las que participarán en dicho proceso, mismo que será aprobado por el Pleno, establece.
Se aprobó desaparecer la figura de adjudicación directa en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y que la Comisión de Administración y el personal administrativo respectivo, en todo momento requerirán de la aprobación previa de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para realizar cualquier transferencia o ajustes presupuestales del Congreso, además se armonizará con la Ley Estatal de Responsabilidades el término de Contraloría Interna del Congreso del Estado, para pasar a ser Órgano Interno de Control y se le dará más autonomía de gestión.
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la CRICP presentó un punto de Acuerdo mediante el cual se sometió a consideración del Pleno la ratificación de los fiscales especializados en materia Anticorrupción y en materia de Delitos Electorales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, conforme lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Con el voto de las dos terceras partes del Pleno fue ratificado el Fiscal especializado en materia Anticorrupción, Rogelio López García, y no se ratificó al Fiscal especializado en materia de Delitos Electorales, Daniel Núñez Santos.
También se sometió a la consideración del Pleno la iniciativa presentada por la CRICP, con punto de Acuerdo sobre la ratificación de los titulares de Oficialía Mayor, de la Contraloría Interna, del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, de las direcciones generales y del personal de nivel subdirector de dichas dependencias. El asunto no recibió los votos suficientes.
En este punto manifestaron su desacuerdo con la forma en la que se presentó ante el Pleno la iniciativa, por considerar que no hubo un análisis sustancial ni una correcta valoración del desempeño de cada una de las personas de los puestos aludidos, los diputados Ernesto Roger Munro López, Alejandra López Noriega, Alma Manuela Higuera Esquer, Ernesto De Lucas Hopkins y Rosa Elena Trujillo Llanes.
A propuesta de la diputada Ernestina Castro Valenzuela, en el orden del día se incluyó un punto 5 BIS, relativo a la designación de los encargados de despacho que fueron designados al término de la sesión para cada una de las áreas, como lo establece el Artículo Tercero Transitorio de la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución local.
La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política también presentó en esta sesión el Acuerdo que resuelve la integración de las siguientes comisiones:
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Héctor Raúl Castelo Montaño, presidente; Alejandra López Noriega, Diana Karina Barreras Samaniego, Brenda Lizeth Córdova Búzani, Beatriz Cota Ponce, Jorge Eugenio Russo Salido y Karina Teresita Zárate Félix, secretarios.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES: Jacobo Mendoza Ruiz, presidente; Fermín Trujillo Fuentes, Sebastián Antonio Orduño Fragoza, Héctor Raúl Castelo Montaño, Azalia Guevara Espinoza, Rosa Elena Trujillo Llanes y Ernesto De Lucas Hopkins, secretarios.
COMISIÓN DE HACIENDA: Ivana Celeste Taddei Arriola, presidenta; Jorge Eugenio Russo Salido, Sebastián Antonio Orduño Fragoza, Héctor Raúl Castelo Montaño, Fermín Trujillo Fuentes, Natalia Rivera Grijalva, Alejandra López Noriega, secretarios.
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: Diana Karina Barreras Samaniego, presidenta; Ivana Celeste Taddei Arriola, María Jesús Castro Urquijo, Beatriz Cota Ponce, Rosa Elena Trujillo Llanes, Ernesto Roger Munro López y Alicia Gaytán Sánchez, secretarios.
En el Acuerdo se incluyó el cambio de denominación de las comisiones de Desarrollo Social y Asistencia Pública, y de Seguridad Pública, por los de Comisión de Bienestar Social y Comisión de Seguridad Ciudadana, respectivamente.
En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, una iniciativa con proyecto de ley que crea el premio a la responsabilidad ambiental, presentada por la diputada Alma Manuela Higuera Esquer.
La legisladora destacó la importancia de poder enaltecer la labor de los que promueven la agenda verde desde el Poder Legislativo, por lo cual puso a consideración del Pleno el proyecto que, dijo, trae consigo un espíritu de empatía y solidaridad con las causas de la sociedad.
“Además del reconocimiento público, contempla otorgar una presea y un incentivo económico que permita a las personas u organizaciones seguir realizando sus actividades, que son de gran beneficio para la humanidad. Si bien es cierto, la presente iniciativa requiere de una partida presupuestal, cierto es también que cualquier inversión que hagamos en favor del medio ambiente, nunca será una carga sino un acierto a favor de las generaciones del mañana”, expresó.
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Transporte y Movilidad, estudiarán por su parte una iniciativa con proyectos de ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora y de ley de movilidad y seguridad vial para el Estado de Sonora, así como un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
La diputada Rosa Elena Trujillo Llanes presentó los tres proyectos, bajo el argumento de que es responsabilidad del Estado garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y derechos, sin privilegios, limitaciones ni favoritismos, por lo que la igualdad de condiciones y de circunstancias para el acceso a los servicios básicos de transporte debe estar en todas las latitudes del Estado, con la finalidad de atender las necesidades de movilidad de todos los sonorenses.
“Nuestra propuesta legislativa no es de ocurrencias, es de construcción de ideas y de retomar los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años. En la pasada LXII Legislatura se presentaron cinco iniciativas de movilidad; todas contienen información muy interesante, pero ninguna contiene la verdad absoluta de la solución al tema”, aseveró la legisladora.
Esta propuesta rescata los temas más importantes que se analizaron en foros de consulta y la opinión de la autoridad y de expertos en la materia que participaron en dichos ejercicios plurales, sostuvo, de manera que quieren dejar claro que debe continuar el trabajo de Parlamento Abierto y poner la iniciativa en manos de la ciudadanía y autoridades, para que, por medio de los ejercicios antes mencionados, se logre obtener a la brevedad este nuevo cuerpo normativo.
En el siguiente punto del orden del día, la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, mediante la cual propuso que las personas puedan recibir atención médica por medio de mensajes de texto o videollamadas, a lo que definió como telemedicina.
“Debo de señalar que, con el uso de la telemedicina, no se reemplazará la medicina ni los servicios de salud tradicionales en los que el contacto con el paciente sea esencial, sin embargo, en el contexto actual de la pandemia y de los constantes avances tecnológicos de los que somos testigos, se considera necesario replantear la atención en salud utilizando estas herramientas tecnológicas”, afirmó.
