El Pleno del Congreso del Estado aprobó la designación de cinco ciudadanas que serán acreedoras a la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2021, en sesión ordinaria en la que la Comisión de Fiscalización presentó a la asamblea el informe de resultados de la cuenta pública estatal 2020 y el dictamen de las cuentas públicas municipales del mismo ejercicio fiscal, este último aprobado por unanimidad.
La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política presentó el Acuerdo que se elaboró con base en los resultados remitidos por el comité calificador integrado por la diputada Alicia Gaytán Sánchez, la consejera electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno; la magistrada Elvia Zataráin Andablo, por el Supremo Tribunal de Justicia; la encargada de despacho del Instituto Sonorense de las Mujeres, Lucía Margarita Lomelí López; y por la sociedad civil, las ciudadanas Inés Guadalupe Martínez de Castro Navarrete y Patricia Calles Villegas.
Las mujeres acreedoras a la presea son las ciudadanas Olga Haydeé Flores Velásquez, Elizabeth Araux Sánchez, Guadalupe Taddei Zavala, Martha Patricia Alonso Ramírez y Silvia Isabel Núñez Esquer, que la recibirán por los ámbitos político, económico, jurídico, social y cultural, respectivamente, en la sesión ordinaria programada para el martes 19 de octubre del presente.
La entrega de este reconocimiento se fundamenta en lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 9 de la Ley que instituye la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses, y en la base décima de la convocatoria emitida el pasado 29 de septiembre, mediante la cual fueron propuestas mujeres destacadas que deban ser reconocidas por su lucha constante para garantizar los derechos de las mujeres en el Estado de Sonora.
De acuerdo al documento que fue leído a nombre de la CRICP por la diputada Claudia Zulema Bours Corral, la convocatoria se publicó el pasado 29 de septiembre en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en un periódico local y en la página electrónica del Congreso del Estado, la cual se socializó por un periodo de siete días hábiles y en el que se recibieron las siguientes propuestas:
Silvia Isabel Núñez Esquer, Rosa María Catalina O’Leary Franco, Elizabeth Cejudo Ramos, Martha Patricia Alonso Ramírez, Olga Haydeé Flores Velásquez, Elizabeth Araux Sánchez, María Anabela Carlón Flores, Guadalupe Taddei Zavala, Elsa Concepción Cornejo Vucovich y Eleonor Duarte Loustaunau, por lo que al existir más de una mujer propuesta en los ámbitos social y cultural, se procedió a que cada integrante del comité calificador presentara su evaluación respecto de las acciones realizadas por cada candidata.
El Acuerdo se hará del conocimiento de las ciudadanas acreedoras, a efecto de que acudan a recibir la Presea en la sesión ordinaria del Pleno del día martes 19 de octubre de 2021.
En el siguiente punto del orden del día, la CRICP presentó el Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo realiza la integración de la Comisión de Vivienda, la cual será presidida por la diputada Elia Sahara Sallard Hernández y como secretarias las diputadas Ernestina Castro Valenzuela, Alicia Gaytán Sánchez y Paloma María Terán Villalobos; como secretarios fungirán los diputados Iram Leobardo Solís García, José Armando Gutiérrez Jiménez y José Rafael Ramírez Morales.
Presentan informe de resultados de cuentas públicas 2020 del Estado y municipios
Por encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria del pasado 12 de octubre, la asamblea autorizó obviar la lectura del informe relativo a la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2020, a solicitud de la Comisión de Fiscalización, para enseguida pasar a la lectura de posicionamientos de los grupos y representaciones parlamentarias.
Inició la diputada Ernestina Castro Valenzuela, quien a nombre del grupo parlamentario de Morena, afirmó que la cuenta pública del Estado para el ejercicio fiscal 2020 presenta las suficientes dudas y oscuridades explicativas, procesales y de fondo que la hacen difícil de aceptar, pues se trata, dijo, de un informe que retrata desafortunadamente la forma como se sigue maquillando y obviando el desastroso manejo de los recursos económicos y presupuestos en la entidad.
“En el marco de la pandemia del COVID-19, que vino a complicar todo, pero que no puede ser asumido como justificación, el informe de resultados que nos presenta el ISAF es ayuno de contundencia y falto de respuesta; opacidad, inconsistencias y sobreprotección hacia quienes han manejado el dinero de los sonorenses, destacan en un documento que debería desnudar, sin mayor consideración, si se hizo o no se llevó a cabo un adecuado manejo de lo que este Congreso aprobó en su momento”, expresó.
La legisladora agregó que el grupo parlamentario de Morena rechaza categóricamente el informe de resultados correspondiente a 2020, por considerarlo ineficiente, irregular, confuso y probablemente cómplice en el errático, ilegal e ilegítimo manejo del destino de la contabilidad gubernamental.
El posicionamiento del grupo parlamentario del PRI fue presentado por el diputado Ernesto De Lucas Hopkins, quien indicó que la pandemia por el coronavirus obligó a las administraciones públicas de todo el mundo, en la que por supuesto se incluye a Sonora, a tomar decisiones urgentes, inéditas, arriesgadas e impopulares, en las que no había tiempo que perder ni antecedente o protocolo que marcara un rumbo preciso o una estrategia conocida y probada a seguir.
“Las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo este importante ejercicio de fiscalización implicó la suma de mujeres y hombres ejemplares, quienes de manera escrupulosa fiscalizaron más del 85 por ciento del total de los recursos destinados a los tres poderes del Estado, a sus entes autónomos y a 72 municipios que conforman la geografía política de nuestra entidad. De esa magnitud y alcance fue el trabajo realizado por el ISAF en plena pandemia COVID-19”, aseveró.
De dicho trabajo se puede desprender que tan solo el 0.4 por ciento del universo fiscalizable ha sido señalado como presunto daño a la hacienda estatal, lo que quiere decir que el 99.06 de los recursos se han destinado de forma legal por los tres poderes del Estado, más eso no implica que en algunos rubros los recursos públicos, que se reciben gracias a los impuestos que pagan los sonorenses, se hayan destinado de forma atinada, sostuvo el legislador.
Para el grupo parlamentario del PAN, la cuenta pública estatal 2020 está reprobada, señaló el diputado Ernesto Roger Munro López, pues no se ha cumplido con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y, aunque en 2020 se vivió la pandemia por COVID-19, la administración estatal dispuso de un crédito por mil 300 millones de pesos, de los cuales se destinaron 97 millones para la atención en salud.
Lo anterior ocasionó no solo incumplimiento sino que el Gobierno del Estado incurrió en diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos, ya que no existió transparencia en el destino de los mismos, como el de obras o proyectos de inversión, lo que ocasionó afectaciones en los municipios al no recibir de manera puntual las participaciones federales y se estima fueron alrededor de 66 gobiernos municipales los que se vieron afectados.
“Sonora no va por buen camino; hoy lo hemos dejado claro el grupo parlamentario del PAN. Nuestros municipios están abandonados a su suerte en el tema financiero, de seguridad pública y de salud, y el Ejecutivo estatal ha sido omiso en ese apoyo, por eso queremos que las cosas mejoren y pedimos una corresponsabilidad. Solicitamos de la manera más atenta al Ejecutivo que ponga orden en la gestión financiera y el endeudamiento del Estado, y deje de malgastar el recurso de los sonorenses”, puntualizó Munro López.
En su turno ante la tribuna del Congreso, la diputada Diana Karina Barreras Samaniego presentó el posicionamiento del grupo parlamentario del PT, para concluir que el ISAF debe mejorar en sus mecanismos de auditoría y fiscalización, ya que se ha quedado corto, pues las finanzas del Estado exigen ser sumamente cuidadosos en el manejo de los recursos de los sonorenses.
“Queremos trabajar en conjunto con nuestras compañeras y compañeros diputados para realizar las reformas pertinentes, para que no solo se revise y se califiquen las cuentas públicas, sino que además existan consecuencias”, expresó.
El marco normativo que sustenta el Sistema Estatal Anticorrupción tiene que ser reformado, ya que no pueden continuar con la inercia que ha permitido la corrupción en Sonora, indicó la legisladora.
Enseguida el diputado Fermín Trujillo Fuentes presentó el posicionamiento del grupo parlamentario de Nueva Alianza Sonora, en el que destacó que confía en el nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal, pero si la actitud de este, como cabeza, no imbuye al resto de los servidores públicos, el siguiente año quiere ver defendiendo a alguien y a otros, en el juego de la defensa y de la argumentación de cosas que se critican, que es el juego político.
“Por fortuna nosotros siempre hemos estado del lado de los argumentos positivos; tenemos dudas de los dineros adjudicados en la pandemia y no hay duda del mal manejo del ISSSTESON, de que han hecho mal uso de las cuotas y aportaciones de los trabajadores, históricamente, pero ya inicia un nuevo gobierno; preguntaremos cómo se manejan las cuotas y aportaciones en esta etapa”, aseveró.
No solo se hace una revisión al gobierno de antier y de ayer, también al de ahora, por lo que el legislador recomendó a la 63 Legislatura trabajar como un cuerpo colegiado y que en la CRICP y demás comisiones se diga lo que tengan que decirse.
Siguió el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, a cargo de la diputada Claudia Zulema Bours Corral, quien exigió una explicación y justificación sobre la deuda pública y el destino real observado de los recursos para el Hospital de Especialidades, que se suponía serían 500 millones de pesos.
“Cómo podemos aprobar una cuenta pública que usó a los legisladores para desviar esos recursos utilizándolos en obra que no había sido aprobada por este Poder, en medio de una pandemia que solicitaba a gritos inversión en el tema de salud”, cuestionó la legisladora.
La diputada Rosa Elena Trujillo Llanes afirmó que el informe de resultados está muy bien elaborado pero está hecho para que sea difícil de entender y de encontrar la “ruta del peso”, así como irregularidades del gasto sin la ayuda de expertos, lo que calificó como muy lamentable ya que, aunque esté disponible al público, no es una información accesible y ese es uno de los puntos en los que se debe de legislar.
A nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó algunas situaciones detectadas al realizar una revisión de todos los rubros, como el relativo a la gestión financiera, en el cual, dijo, está reprobado al incumplir la Ley de disciplina financiera en entidades y municipios, así como la Ley de presupuesto de egresos y gasto público, al no generar balances presupuestarios sostenibles.
“Como Legislatura se ha sido omiso y no quisiera estar el año que entra señalando lo mismo. El gasto no está llegando a las familias sonorenses, quedan muchas preguntas sin respuestas en cada revisión, pues siguen caminando gobiernos opacos y este Poder Legislativo debe de empezar a ser un contrapeso real del Poder Ejecutivo, sobre todo en el rubro de gasto público”, concluyó.
La diputada Paloma María Terán Villalobos presentó el posicionamiento de la representación parlamentaria del Partido Encuentro Solidario, con el que sostuvo que lamentablemente quedan muchas preguntas sin respuesta en el informe presentado a esta Soberanía ante la materia de recursos que, en teoría, deberían ir dirigidos a los grupos más vulnerables durante la contingencia.
“Sin olvidar los recursos que debían ser destinados al ISSSTESON, para lograr balancear las finanzas que por años han sufrido mermas y que afectan directamente a los trabajadores”, externó.
Con la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Alma Manuela Higuera Esquer dijo que el conocimiento que deben tener los sonorenses sobre este tema debe ser armónico y más digerible.
“Coincido con quienes me antecedieron en cada uno de sus posicionamientos, no en todo pero sí hay coincidencias, porque la Ley así lo establece: hay que reconocer que el deber del ISAF y su Auditor Mayor es venir a este órgano legislativo, que es lo que hicieron sus empleados; en pocas palabras cumple con lo que la Ley le exige, pero esto no quiere decir que el ente fiscalizado, como lo es el Gobierno del Estado, todo lo haya hecho bien, desde luego que no”, afirmó.
Luego de la lectura de los posicionamientos, el Pleno aprobó por unanimidad el dictamen con base en las conclusiones contenidas en los informes de resultados de las cuentas públicas municipales presentados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y aprueba las cuentas públicas de 64 ayuntamientos, que son los siguientes:
Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz, Sáric y Soyopa.
Además las de Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Navojoa, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo y Yécora.
Las que no fueron aprobadas corresponden a los ayuntamientos de Bacadéhuachi, Bácum, Empalme, Nacozari de García, Nogales, San Ignacio Río Muerto, Santa Ana y Villa Pesqueira.
