Sonora power por Demian Duarte | Se publica en SDP Noticias
Los hechos ocurridos el sábado 2 de julio en Altar, Sonora, muestran que todo tiene un limite, la impunidad con que pretenden actuar los grupos del crimen organizado en regiones aisladas del país, la indolencia de las autoridades y aún la política de “abrazos y no balazos”, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Altar es un municipio extremoso a más no poder, está en el extremo norte del estado, en la región más inhóspita del desierto de Sonora, considerado tierra de nadie por décadas.
Ahí es donde el crimen organizado sentó sus reales para actividades como el trasiego de droga, el tráfico de personas, la introducción a México de armas y de dinero proveniente de las actividades ilícitas y es que lo apartado de su geografía, seguido de lo poroso de la frontera en esa región, en la que durante el verano las temperaturas alcanzan los 54 grados a la sombra, hacen que nadie se anime realmente a tomar control.
Sume usted el hecho de que no hay una red de carreteras que facilite los patrullajes de la policía y el ejercito, realmente ahí es donde las células criminales pueden hacer y deshacer.
O al menos eso es lo que se creía, hasta este fin de semana.
La noticia corrió primero como un rumor, incluso hubo quienes pretendieron hacer burla de la política de seguridad pública del gobierno, asumiendo que los criminales habrían ganado de nueva cuenta en esa confrontación con el Ejercito.
La verdad se supo horas después, un comando del Ejercito a un sujeto de nombre Francisco Torres apodado como el “Duranguillo”, cabecilla de la célula criminal que controla la región y que la ha mantenido asolada y como foco inacabable de violencia, misma que por momentos se traslada a Caborca o a Sonoyta, o incluso a la zona de Santana o Magdalena de Kino.
La detención causó tensión entre los integrantes del grupo delincuencial, que acudieron en masa al centro de Altar, pues su intención era liberar al “Duranguillo”, quien forma parte del Cártel de Sinaloa.
Los enfrentamientos con armas de grueso calibre se prolongaron por horas, e incluso hubo bloqueos en la carretera federal 2, que conecta a Sonora con Baja California, un grupo de 60 sicarios coparon a los 10 elementos del ejercito que ejecutaron la detención e incluso les ofrecieron 10 millones de pesos en efectivo a cambio de la liberación de su cabecilla.
De acuerdo con la narración de hechos que hizo el mismo presidente sobre este hecho, los militares solicitaron refuerzos, mismos que llegaron e hicieron frente al grupo armado, resultando 1 oficial muerto y otro herido en la refriega, mientras que en el otro bando, uno de los criminales resultó muerto, un número desconocido de heridos y hubo 4 detenciones, entre ellas la de Francisco Torres.
El gobernador Alfonso Durazo manifestó que las detenciones son un duro golpe a los principales generadores de violencia en la región, una actuación en la que aseguró además del ejercito estuvo involucrada la mesa de seguridad de Sonora, es decir que se actuó en base a la inteligencia con el objetivo de poner un hasta aquí a la presencia e impunidad de esos grupo criminales que asolan la región.
El hecho pudiera pasar desapercibido, sin embargo es importante anotar al respecto que marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del gobierno federal y el modo en que se establece una coordinación con los gobiernos estatales.
El objetivo es claro, se trata de enviar un mensaje a los grupos del crimen organizado y a la sociedad en su conjunto de que la política de cero impunidad está vigente, funciona y que no se permitirá más que grupos del crimen organizado controlen regiones del país, como en este caso ocurría en Altar-Caborca-Sonoyta.
Esto ocurre a pocos días de los hechos sangrientos en Cerocahui, Chihuahua, donde un sujeto apodado de nombre José Nuriel Portillo Gil, apodado “El Chueco” asesinó a 2 sacerdotes y un guía de turistas, lo que puso de manifiesto que en efecto, la violencia de los grupos criminales persiste, al igual que su actuación impune en complicidad con autoridades de los 3 niveles de gobierno.
Este lunes, el presidente lo dijo con claridad:
“En el tema de la violencia nosotros estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, y estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia y estamos convencidos que no se puede enfrentar el mal con el mal, y estamos convencidos que fue un error grave, un crimen, el haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio del gobierno de Calderón”.
“Esto no significa que haya tolerancia, todos los días detenemos a delincuentes y, cuando no hay opciones, se dan enfrentamientos. Ayer en Sonora, detienen a tres delincuentes famosos, con este ejemplo de Caborca, de Sonora, lo que quiero dejar de manifiesto es que no significa tolerancia o que no se esté actuando, claro que estamos actuando y hay resultados mejores que antes”.
“Para que quede así, claro, que se oiga bien, que se oiga lejos: desde que estamos en el gobierno hay una reducción del 30 por ciento de delitos del fuero federal, 30 por ciento de delitos del fuero federal. Hasta en homicidios, que es fuero común, tenemos una reducción del cinco por ciento, lo más difícil que encontramos. Pero también la politiquería está queriendo hacer campaña en contra con estos temas”, recalcó López Obrador.
Y el hecho es este: La prioridad del gobierno federal es dejar claro que se combate a la delincuencia, cualquiera que sea su expresión, de manera frontal. Las encuestas lo dicen abiertamente, la mayor preocupación de los mexicanos es la inseguridad y la violencia.
Este fin de semana, desde Sonora, el gobierno de la 4T, mostró cuál es el limite de su política de abrazos frente a los balazos.
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