Hermosillo, Son., marzo 2 de 2023.- Para que informen si dieron cabal cumplimiento a las obligaciones que les impone la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Sonora y sus Municipios, el Congreso del Estado resolvió exhortar a los 72 ayuntamientos, específicamente para conocer si en sus presupuestos de egresos destinaron una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.
En el Acuerdo se establece saber si los gobiernos municipales realizaron los ajustes correspondientes en sus reglamentos, bandos y demás normas administrativas y, en caso negativo, hacerlo a la brevedad, propuso el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Expuso que la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Sonora y sus Municipios tiene por objeto fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daño o lesión en cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes públicos.
En el Acuerdo se incluye al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para que, en las subsecuentes auditorías que realicen a los ayuntamientos de la entidad, verifiquen el cumplimiento de la referida legislación.
“Un claro ejemplo de la actividad administrativa irregular podemos observarla todos los días, desde que salimos de nuestras viviendas y nos dirigimos a nuestro empleo, a la escuela, al hospital, a realizar las compras, es cuando observamos los grandes baches que tienen años y años en algunos de nuestros municipios”, expresó el legislador.
Esto deriva en la obligación de las autoridades municipales de dar el correcto mantenimiento a las calles, realizar obras de pavimentación, sin que se realicen las verificaciones y se cumpla con los estándares mínimos de calidad, dijo, pero al poco tiempo de inaugurada la obra, ya se encentra en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la pavimentación y, en muchos de los casos, en peores condiciones.
El diputado Orduño Fragoza indicó que el Artículo Tercero Transitorio de la Ley establece que es obligación de los ayuntamientos realizar los ajustes correspondientes en sus reglamentos, bandos y demás normas administrativas, en un plazo que no exceda de 180 días, pero este plazo hace más de dos meses que feneció y la mayoría de los municipios ha incumplido con la obligación impuesta.
En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, presentada por la diputada María Jesús Castro Urquijo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA.
Informó que, al analizar el contenido normativo de la legislación, encontró en una sola ocasión las palabras trabajo digno, específicamente en la fracción primera del Artículo 29 de la norma pues, aunque esta contempla diversos aspectos que, en cierta forma van encaminados a garantizar el derecho de las personas con discapacidad en el Estado, de contar con la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de un empleo digno, también hay ciertos aspectos que aún se encuentran endebles.
“La iniciativa que hoy se presenta ante esta Soberanía tiene como finalidad adecuar el marco normativo local atendiendo las diversas disposiciones legales aplicables en materia federal. Asimismo, establecer el concepto de trabajo digno y los elementos que lo integran; reforzar los mecanismos ya existentes enfocados en materializar y garantizar el derecho a un trabajo digno de las personas con discapacidad”, externó la legisladora.
En la iniciativa propuso que, en la fracción XLVII bis se defina al trabajo digno como aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no exista discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.
En el penúltimo punto del orden del día, el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez presentó, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un posicionamiento sobre las concentraciones ciudadanas contra la reforma electoral, por considerar que debe ser un orgullo nacional ver a los ciudadanos salir a las calles a defender sus derechos y levantar la voz por sus ideales, por la defensa del Instituto Nacional Electoral.
“Por ello, en Acción Nacional manifestamos nuestro rechazo a que se atente contra la democracia y eso no lo vamos a permitir. El Instituto Nacional Electoral es un pilar fundamental para la estabilidad nacional, al ser el organismo garante del correcto desarrollo y el respeto de los resultados de las elecciones”, aseveró el legislador.
Sostuvo que la democracia no debe tener precio, que el voto libre y secreto debe ser protegido, y no ser motivo de recorte, porque el INE no se toca, porque no se debe vulnerar la democracia ni afectar el correcto funcionamiento del instituto, lo que se afectaría el futuro de México.
Sobre este posicionamiento hicieron comentarios las y los diputados Héctor Raúl Castelo Montaño, Natalia Rivera Grijalva, Próspero Valenzuela Múñer, Paloma Terán Villalobos, Jorge Eugenio Russo Salido, Rosa Elena Trujillo Llanes, Jacobo Mendoza Ruiz, Alma Higuera Esquer y Fermín Trujillo Fuentes.
