Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron por unanimidad de votos el dictamen que modifica la Constitución Política para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El dictamen que reforma el artículo 2° de la Carta Magna, establece que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Los partidos políticos fijaron postura.
La senadora de origen indígena de Morena, Edith López Hernández, reconoció que el camino no ha sido fácil, “han sido décadas de lucha para ser escuchados frente a la falta de respuesta y solución real a nuestros problemas, generados por malos gobiernos y administraciones del pasado”.
“Con la reforma, hoy tiene que aprobarse, y se garantiza de manera integral nuestros derechos a nuestros pueblos. Se salda una deuda histórica, ya que se reconoce su capacidad de toma de decisiones en pleno respeto a nuestras culturas e identidades. (…) Durante mucho tiempo nuestros pueblos y comunidades indígenas padecimos engaños, promesas, olvido, hasta solo ser un objeto de museo estático, o ser relleno, o ser nada más parte de un escenario y, hasta represión”.
El panista Ricardo Anaya, comentó que los retos de esta reforma son su implementación y establecer la igualdad sustantiva a través de acciones afirmativas.
“Escolaridad, el promedio de la población en general en México, son 10 años de escolaridad, entre la población indígena solamente seis. El analfabetismo, población general cinco por ciento, pero entre población indígena, veinte por ciento, cuatro veces más. En pobreza extrema, la que más duele, población general siete por ciento, entre la población indígena, veintiséis por ciento. La movilidad social, particularmente, en el sur del país, siete de cada 10 personas que nacen en pobreza mueren en pobreza. Entonces, si nosotros queremos cambiar esa realidad, nos tenemos que hacer cargo no solo de la implementación, sino del establecimiento de acciones afirmativas”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, reconoció que el propósito primigenio de esta reforma es hacer justicia.
“Es reconocer la importancia cultural de todas nuestras comunidades indígenas y hacer notar que hay una deuda histórica, de visibilización y de respeto a las comunidades indígenas y afromexicanas. Así como señalar que al ser un grupo vulnerado necesitan también tener un trato diferenciado, para tener pleno acceso al ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Con esto buscamos poner un piso parejo en un escenario históricamente disparejo en México”.
El senador del PRI, Néstor Camarillo Medina, aseveró que esta reforma “no solo son palabras en un papel, son un reconocimiento sincero a la diversidad cultural que nos enriquece”.
“Al reformar el artículo 2 de nuestra Constitución estamos reafirmando su derecho a la libre determinación, a decidir su futuro, a vivir de acuerdo con sus sistemas normativos. Ellos son quienes conocen mejor sus territorios, sus costumbres y su identidad. Su voz debe ser escuchada en la toma de decisiones que les impacten y a partir de ahora eso quedará garantizado”.
La reforma garantiza el derecho a decidir de los pueblos indígenas conforme a sus sistemas normativos a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, con excepción de no limitar los derechos político-electorales.
Preservar, difundir y fomentar su cultura, lenguas y educación, con base en sus métodos de enseñanza-aprendizaje.
Promover el desarrollo de la medicina tradicional y prácticas de salud, alimentación nutritiva, bioculturalidad e integridad de lugares sagrados, así como el reconocimiento del trabajo comunitario.
También, fija el derecho a ser consultados y cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas que puedan causar impactos significativos en su vida o entorno, para lo cual les brinda asistencia jurisdiccional idónea.
De igual modo, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer las partidas específicas presupuestales para los pueblos y comunidades que administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia.
Asimismo, permite a los pueblos originarios conservar su derecho a impugnar determinaciones por las vías legales pertinentes.
El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para que sea discutido por el pleno en la sesión de este martes.
