- Sesión duró más de 8 horas
- El domingo habrá sesión para declarar su constitucionalidad y enviarla a López Obrador para su firma y publicación el 30 de septiembre
Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de 8 horas y 4 minutos de sesión, a las 6:26 de la mañana de este miércoles Morena y los partidos Verde y del Trabajo, aprobaron, con la mayoría calificada que demanda la Constitución, el traspaso de la de Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De inmediato, el decreto se envió a los congresos de los estados para que la mitad más uno lo ratifique.
Las reformas que modifican los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna, fueron avaladas con 86 votos en pro y 42 en contra.
Además de su adscripción a la Sedena, se da a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, se establece en el dictamen.
El oficialismo y la oposición cruzaron acusaciones.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, afirmaron que con esta reforma se militariza al país, lo que rechazaron los legisladores de Morena y los partidos Verde Ecologista del Trabajo.
Al posicionar el dictamen para su aprobación, Citlalli Hernández, senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que la reforma no trastoca las garantías individuales de las y los ciudadanos.
“Vale la pena decirlo fuerte y claro, la presenta reforma no vulnera, no trastoca, no límite derechos fundamentales del pueblo. La seguridad ciudadana en un Estado garantista como el nuestro, se concibe como la situación social en la que todas las personas puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales”.
A tribuna subió Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para rechazar que con esta reforma se militarice al país.
“No existe militarización alguna. La Secretaría de Seguridad hoy tiene la atribución de diseñar la estrategia de seguridad, así como de coordinar el Gabinete de Seguridad. Considerando que existe la inteligencia naval, inteligencia militar, inteligencia financiera, el objetivo es reunir la información generada por todas las instancias y convertirlas en un producto operable, unificar la investigación para disminuir la incidencia y prevenir actos delictivos. Tenemos que convertir convertir toda la inteligencia que hay en el país en actos de investigación que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación. (…) Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje adecuado a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán para nuestro país”.
Claudia Anaya, senadora del PRI, afirmó que con esta reforma “estamos empedrando el camino al infierno”.
“Los derechos humanos son progresivos. No podemos quitarle a la gente lo que ya le hemos dado, y esta reforma junto con la deforma al Poder Judicial se convierten en una recta tóxica y venenosa, créanme, estamos empedrando el camino al infierno”.
El panista Ricardo Anaya, acusó que la estrategia de este gobierno de militarizar la seguridad, ha sido un rotundo fracaso.
“Porque esta estrategia que consiste en militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país. (…) Es una estrategia fallida y esa es la primera razón por la que no podemos acompañar esta reforma. No nos oponemos por necedad, nos oponemos porque no funciona para pacificar el país”.
La emecista Alejandra Barrales anunció el voto en contra de su bancada.
“Que vamos a votar en contra de la militarización de nuestro país, y los vamos a hacer como lo hemos explicado ya, porque han transcurrido más de veinte años donde se ha demostrado por dos sexenios anterior y el actual que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública han sido un fracaso. (…) Que la discusión que hoy estamos dando, como ya se dijo, de ninguna manera resuelve el problema de inseguridad y de violencia que hoy estamos padeciendo en nuestro país”.
En el dictamen se establece que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
También, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, la Armada de México y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Se menciona que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.
En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, esta designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.
Además, el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.
El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.
Se transferirán a la Secretaría de la Defensa Nacional los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública.
El personal naval que actualmente forma parte de la Guardia Nacional permanecerá integrado a esta.
