Para reconocer a individuos o grupos de personas que realicen actividades a favor de la conservación y protección del medio ambiente, y que hayan generado beneficios a la comunidad en general o a alguna en específico en Sonora, el Congreso del Estado aprobó la Ley que crea el Premio a la Responsabilidad Medioambiental.
De esta manera se reconoce al sector social, el cual juega un papel importante en el alcance de las políticas ambientales que se pretenden implementar en el Estado, desde un enfoque de sostenibilidad que se replique en la toma de decisiones en relación a las actividades económicas y tecnológicas para el desarrollo de la entidad, establece uno de los considerandos del dictamen presentado por la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
“La función del gobierno es generar un compromiso con el sector para fomentar una adecuada cultura de responsabilidad ambiental, creando marcos legales que hagan cumplir los compromisos, sin embargo, es importante que se reconozcan los esfuerzos de las empresas”, agrega.
La propuesta es congruente con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030, debido a que los proyectos que se pueden generar contribuyen a cualquiera de ellos, dice el dictamen, además de que su sola existencia promueve la educación ambiental a través de las diversas acciones que este premio pretende reconocer y promover.
El Premio a la Responsabilidad Medioambiental que se propone mediante la creación de este nuevo marco jurídico representa una herramienta más de las autoridades gubernamentales de preservar el medio ambiente en beneficio de los sonorenses, destaca otro de los considerandos.
En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 38 Bis a la Ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Sonora.
Tiene por objeto que, en los casos de emergencia sanitaria derivada de la declaratoria de epidemias o pandemias, las autoridades y médicos tradicionales indígenas sean incluidos en el proceso de toma de decisiones sanitarias en torno a la prevención, el desarrollo, la difusión, la aplicación y la vigilancia de las medidas para hacer frente al caso de emergencia de que se trate.
La iniciativa se sustenta en lo establecido en el Artículo 2°, apartado B, fracciones III y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: “para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad estudiará por su parte una iniciativa con proyecto de ley de albergues públicos y privados para personas adultas mayores del Estado de Sonora, a fin de dar certeza jurídica de los servicios que prestan este tipo de centros de acogida.
De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, en el Estado de Sonora existen al menos 50 albergues o casas-hogar de adultos mayores, los cuales en su mayoría han sido constituidos por organizaciones no gubernamentales, con recursos de la sociedad civil y sin fines de lucro, mientras que otros sí son financiados por el gobierno y algunos por particulares.
Lo que se busca es regular la forma de operar de los albergues tanto públicos como privados, para proteger y dar certeza jurídica de los servicios que presten, mediante la regulación del cuidado de los adultos mayores, del personal que labora en esos centros, los derechos y obligaciones de los familiares de los residentes, entre otros.
Enseguida se presentó una iniciativa con proyecto de ley que crea la zona económica especial para el municipio de Cajeme, por considerar que desde el Congreso del Estado se pueden generar mejores condiciones de crecimiento para dicha localidad, para lo cual se tomó como base la experiencia con la Zona Económica Especial del Río Sonora.
Se estableció en la iniciativa que el diseño institucional vigente en el municipio de Cajeme no favorece a la creación de empresas, sin dejar de lado el aumento de la pobreza, la poca generación de empleos a causa de la pandemia, lo que ha dejado una pérdida de casi 3 mil empleos en el periodo 2019-2021, entre otros factores.
Como puntos favorables se mencionó la ubicación geográfica privilegiada que tiene dicha municipalidad, la calidad de la oferta educativa en la región, las vías de comunicación terrestre, ferroviaria, aérea y con salida a puerto en menos de 140 kilómetros. La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Desarrollo Regional y Productivo.
En el penúltimo punto del orden del día se presentó un posicionamiento en relación con la discriminación laboral en el embarazo, con el cual se hizo un llamado para que, desde el Congreso del Estado, se realicen los cambios legislativos necesarios que permitan, de manera integral, una mejor protección a la mujer durante su embarazo.
Se le debe brindar protección y atención prioritaria a la maternidad y a la primera infancia, se expuso, además de socializar este tema con organizaciones civiles, especialistas, académicos y legisladores, pues son inaceptables las conductas discriminatorias que enfrentan, como despido laboral, solicitud de prueba de gravidez, hostigamiento en el trabajo, negativa al ascenso, reducción de salario, cambio de horario sin consentimiento de la trabajadora, entre otros.
La Presidenta de la mesa directiva informó que a solicitud de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se sometería a aprobación habilitar día diferente a lo establecido oficialmente para sesionar, propuesta que fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado.
