Demian Duarte, corresponsal
Ciudad de México.– En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con este sector social a través del programa de pensiones y acciones de rehabilitación impulsadas por la Secretaría del Bienestar.
Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, la secretaria Ariadna Montiel destacó que la inclusión de las personas con discapacidad forma parte prioritaria de la agenda de la Cuarta Transformación desde 2019, cuando se otorgó por primera vez una pensión permanente a este sector. Este derecho continúa fortalecido bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con pensión universal en 24 estados del país.
Montiel informó que, en siete años, la inversión social destinada al programa asciende a 141,353 millones de pesos, mientras que el monto bimestral de la pensión creció de 2,550 pesos en 2019 a 3,200 pesos actualmente. Gracias a la reforma al Artículo 4 constitucional, la Federación y los estados están obligados a garantizar tanto la pensión como la rehabilitación para personas con discapacidad permanente, dando prioridad a niñas, niños y adolescentes.
Actualmente, la inversión anual asciende a 32,078 millones de pesos, con 1,614,018 derechohabientes activos. Además:
- 2,698 niñas y niños con cáncer reciben un apoyo bimestral de 6,400 pesos.
- 25,525 niñas y niños con discapacidad han recibido 4,401,359 terapias gratuitas a través de convenios con Teletón en 20 estados y 23 centros de rehabilitación.
- El programa Salud Casa por Casa lleva más de 1,021,160 consultas realizadas al 4 de diciembre.
La pensión universal para personas con discapacidad es posible gracias al esfuerzo conjunto de 24 entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo y México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Ariadna Montiel subrayó que estas acciones consolidan una política pública que reconoce plenamente los derechos de las personas con discapacidad y promueve su autonomía e independencia.
