Petróleos Mexicanos (Pemex) sufre una afectación patrimonial y económica estimada en 20 mil millones de pesos al año a causa del mercado negro de gas LP, pero este no es el único efecto adverso derivado de estas prácticas ilícitas, ya que también causan graves accidentes que ponen en riesgo la vida de la población.
Por lo tanto, la industria de distribución de gas LP exhortó a las autoridades a crear un plan de trabajo contra el mercado negro de este producto y les dio algunas ‘pistas’ de por dónde iniciar.
De manera puntual, los distribuidores señalaron que 97 por ciento de las tomas clandestinas registradas en Pemex se concentran en cinco estados del país: Puebla (mil 462), Estado de México (400), Tlaxcala (262), Veracruz (122) e Hidalgo (67).
Para entrar más en detalle, la industria de distribuidores de gas tiene muy bien identificados los 18 municipios donde se concentran estos ilícitos.
En Puebla son los municipios de Tepeaca, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Acatzingo, Tlahuapan, Los Reyes Juárez, Amozoc, Acajete, San Salvador el Verde y Palmar del Bravo.
Para Tlaxcala se tienen ‘boletinados’ los municipios de Calpulalpan, Nativitas y Nanacamilpa; en Hidalgo se observan robos de gas en Tepeji del Río; en el Estado de México las irregularidades se concentran en Nextlalpan, mientras que en Veracruz, el municipio con más mercado negro es José Azueta.
“Por esta razón consideramos importante fortalecer y focalizar el programa de seguridad, celaje y de reacción inmediata, específicamente concentrado en el tramo del ducto de Pemex que se encuentra en estos 18 municipios”, indicó la industria.
Por lo tanto, los distribuidores gas LP emitieron una serie de recomendaciones puntuales para atacar a este problema de raíz, entre los que se encuentran realizar tareas de inteligencia, investigación, operación y supervisión; implementar operativos en carreteras y rutas de distribución.
También consideraron que es importante tratar de eliminar las zonas controladas de reparto en las que operan ilícitamente grupos de choque y pseudosindicatos que no permiten la libre competencia, verificando que se acredite la procedencia lícita del producto comercializado.
Se estima que existen alrededor de 6 mil equipos de reparto de gas LP ilegales que no cumple con la ley y que no están registrados ante la Comisión Reguladora de Energía, por lo que sacar estas unidades del mercado debería ser una prioridad, ya que su operación es un peligro latente para la población, puntualizaron los distribuidores.
