Todos ellos fueron omisos en la presentación de la declaración patrimonial, trámite para que se puso un plazo perentorio al 30 de septiembre

Demian Duarte

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que de 5 mil 200 funcionarios públicos adscritos al gobierno de Sonora que estaban omisos en cuanto a la presentación de su declaración patrimonial y que por lo tanto se encuentran en situación irregular como no localizables, solamente 300 atendieron el llamado del Secretario de la Contraloría Guillermo Noriega y de su gobierno para regularizarse antes del 30 de septiembre.

Esto implica que se procederá administrativamente en contra de ellos, lo que podría resultar en su cese como empleados del gobierno estatal, ya que el incumplimiento en la presentación de dicho trámite es penado con esa sanción e incluso con la imposibilidad de ocupar cargos públicos en el futuro.

De acuerdo con el dicho del gobernador Durazo un total de 4 mil 900 empleados de gobierno de diversas dependencias no han podido ser localizados, y aunque se esperaba que se reportaran con los directores administrativos o titular de cada dependencia, esto es algo que no ha ocurrido desde que el nuevo gobierno asumió funciones el pasado 13 de septiembre.

Por ejemplo 132 trabajadores de la televisora estatal Telemax estaban en esa situación irregular, sin embargo todos ellos terminaron por entregar en tiempo y forma su declaración patrimonial, así como había otros 168 trabajadores de otras áreas que eran omisos al respecto.

En función de eso la determinación del gobierno emanado de Morena es hacer una depuración en los cargos y posiciones, ante la sospecha de que esas persona pudieran ser aviadores o que estuvieran cobrando un sueldo sin presentarse a trabajar o cumplir con sus función.

El contralor Guillermo Noriega dijo al respecto que se tenía un lazo terminante y que no habría flexibilidad en torno a la entrega de la declaración patrimonial para los servidores públicos en funciones, herencia de anteriores administraciones, así como tampoco habrá tolerancia con los nuevos funcionarios de todos los niveles, que tienen a partir de asumir los diversos cargos un total de 60 días para cumplir con la entrega de ese documento.

“Es decir los que entraron el 13 de septiembre tienen hasta el 13 de noviembre, y los que entraron el 1 de octubre podrán hacerlo hasta el 1 de diciembre y así”, enfatizó Noriega Esparza.

Dijo que se tiene la sospecha de que la gran mayor parte de los funcionarios omisos de anteriores administraciones corresponde a actos irregulares en la administración pública, como asignación de puestos como pago de favores personales o políticos.

Omar Del Valle Colosio, secretario de Hacienda en la entidad aseguró que la dependencia a su cargo ya tiene previstas partidas presupuestales a fin de liquidar o indemnizar a quienes deben ser separados del cargo, en caso de que así lo demanden ante la junta de conciliación y arbitraje.

A pregunta expresa dijo que en efecto la liquidación de 4 mil 900 funcionarios públicos podría representar una fuerte carga para el gobierno, sin embargo dijo que al presumirse que son aviadores, la expectativa es que no se presenten, pues son personas omisas en la entrega de la declaración patrimonial y que tienen semanas que no se presentan a laborar, por lo que también se les podría levantar un acta administrativa por abandono del cargo.

Acotó que en todo caso el gobierno de Sonora en su calidad de patrón optaría por los convenios liquidatorios en la junta, a fin de que esto no se convierta en una carga inmediata al nuevo gobierno, lo que complicaría la de por si enredada situación financiera del gobierno de Alfonso Durazo.

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