Ciudad de México, a 15 de febrero de 2024.- El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, hizo un llamado a las y los legisladores del Congreso de la Unión a aprobar la Iniciativa de Reforma sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, como una tarea impostergable y un acto de elemental justicia y alto sentido humanista.
La propuesta en materia indígena y afromexicana presentada en un conjunto de veinte iniciativas de reformas constitucionales y legales en el marco de la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, por el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el Congreso de la Unión para su análisis.
Por ello, el director del INPI, al participar en el Encuentro de las Comisiones Legislativas de Pueblos Indígenas de los Congresos Locales y la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, aseveró que el análisis y aprobación de dicha iniciativa es una responsabilidad colectiva, pero de manera especial, hay un alto compromiso en los integrantes del Congreso de la Unión.
Señaló que la iniciativa en materia indígena y afromexicana constituye el cimiento para que México sea realmente la casa de todas y de todos, en el que los pueblos y comunidades tengan un lugar justo y digno, y que al mismo tiempo sea la base para lograr la verdadera reconciliación nacional, pilar esencial y necesario para lograr la Cuarta Transformación de la República.
Acompañado de las diputadas federales, Irma Juan Carlos Y Brianda Vázquez Álvarez presidenta y secretaria respectivamente de la Comisión de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, expuso que los temas fundamentales de la Iniciativa de Reforma se sintetizan en los siguientes puntos:
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público en donde podrán tomar libremente sus decisiones en sus asambleas comunitarias, instituir sus formas de gobierno y organización, implementar su desarrollo económico, social y cultural.
Así como recibir y administrar directamente los recursos públicos y ejecutar las obras y acciones para su desarrollo y bienestar, como lo están haciendo ahora con los caminos artesanales en las regiones indígenas.
La iniciativa también contempla el fortalecimiento de los ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía, en particular para consolidar sus formas de gobierno y organización, así como para aplicar y desarrollar sus sistemas normativos y la jurisdicción indígena. Mención especial merece la protección del patrimonio cultural, la propiedad intelectual, la construcción de modelos educativos, así como la protección a la salud y medicina tradicional.
Otro punto, dijo, se refiere a la garantía de conservar y mejorar su hábitat, preservar la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, incluidos de manera especial los lugares sagrados. “Ahora se le da base constitucional al derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado tal como está establecido en el derecho internacional”, señaló.
Asimismo, se establece una serie de derechos específicos para los pueblos y comunidades afromexicanas a fin de que puedan ejercer su libre determinación, como lo es ser incluidos en los censos y encuestas, la protección de la identidad cultural, conocimientos y aportes y contribuciones en la historia nacional.
Destacó un apartado para reconocer y garantizar el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación en los procesos de desarrollo integral; en la toma de decisiones de carácter público; en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos.
El fortalecimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas, como lo es el acceso a la educación, a la salud, a la tecnología, al arte, la cultura, el deporte, la capacitación para el trabajo.
En suma, se trata de una reforma integral que considera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos, retoma el espíritu de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, y hace viable el ejercicio de nuestros derechos inalienables en todos los ámbitos y niveles de gobierno.
Finalmente, aseguró que hoy se tiene la oportunidad histórica de saldar una deuda con los pueblos indígenas y afromexicanos, que son la verdad más profunda e íntima de la patria. “Una tarea en la que estamos llamados todos los mexicanos, de manera especial las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión, el constituyente permanente que tiene ahora en sus manos la alta responsabilidad de analizarla y aprobarla, como un acto de elemental justicia social y alto sentido humanista”.
Por su parte, el diputado Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanos del Congreso de la Ciudad de México señaló que “este es un momento estelar para el país, un momento extraordinario”, porque pasamos de la etapa globalizadora en donde se hablada de la desaparición de los pueblos y comunidades, al reconocimiento de ellos como sujetos de derecho público.
Dijo que “para construir una sociedad políticamente sana, necesitamos construir una democracia nacional, no solo en el sentido de participación de los diversos sectores sino un tipo de democracia que no excluya por razones socioculturales”.
En tanto la diputada Irma Juan Carlos, aseveró que este encuentro nacional es un debate colectivo en el que se tiene un gran compromiso con la historia de los pueblos y comunidades indigenas y afromexicanos del país. Añadió que los temas fundamentales de la reforma son; los pueblos como sujetos de derecho público; el derecho a la consulta libre previa e informada y la administración de recursos públicos.
“Lo más importante es que avancemos con esta reforma planteada por el presidente a un nivel constitucional y lo que falta lo iremos trabajando en el camino”, puntualizó.
